“Las intervenciones para regular los precios de la oferta han dado nulos resultados en el pasado, distorsionando los mercados, desalentando la siembra y produciendo efectos claramente adversos tanto en la producción de granos como en su exportación. Nuestro país necesita imperiosamente aumentar su producción y sus exportaciones, agregando valor, incrementando la mano de obra ocupada y generando un mayor ingreso de divisas”, explicaron.
Esta semana el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Julián Domínguez se reunió con empresarios de fertilizantes: hay temor por faltantes para la siembra de trigo. Sin embargo, los funcionarios aseguraron públicamente que no faltarían insumos para la próxima campaña.
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El precio de los alimentos, en el centro de la escena por estas semanas.
El valor de harina y la segmentación de los subsidios
En CIM sostienen que el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania hizo que la bolsa de 25 kilos de harina que pagaba el panadero en diciembre del año pasado a $1.300, en este mes de marzo la misma bolsa cuesta $2.000. Un alza de $700. Sin embargo sostuvieron que “el costo real del kilo de harina para hacer un kilo de pan” pasó de costar $47,27 a $72,73. Un aumento de $25.
“Sin lugar a dudas que si el pan aumenta más de $ 25/kg. no se debe entonces al aumento de la harina, sino al aumento de los demás insumos y mano de obra”, puntualizaron.
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La harina de trigo, según los molineros, con sus incidencias en la elaboración de alimentos.
Es por este punto por el cual los molineros le piden al Gobierno un sistema de subsidios al consumo segmentado, coordinado a través de la tarjeta Alimentar que distribuye el Ministerio de Desarrollo Social. “Existe un segmento de la población que necesita de la ayuda del Estado para morigerar el impacto de la inflación en rubros esenciales de la canasta alimentaria; tan cierto como que hay otros sectores que no necesitan de tal ayuda”, plantearon.
Hoy, ya sea en pan, galletitas o fideos, el consumo de harina ronda los 90 kilos por habitante al año.
“Si hubiera que subsidiar el consumo de 25 millones de argentinos, la mitad de la población, el Gobierno podría hacerlo inyectando los fondos directamente en las tarjetas alimentarias existentes para la población más vulnerable, sin una intervención innecesaria en los mercados ni subsidiar el consumo de quienes no lo necesitan”, sostuvieron.
Por eso en el sector hay reparos por lo que pueda decidir el Gobierno sobre la actividad. El mensaje del Presidente esta semana en el municipio de Malvinas Argentinas alimenta todo tipo de teorías.