El Gobierno buscaría aumentar la recaudación por retenciones al complejo sojero.
El Gobierno suspendió desde el día de hoy y “hasta nuevo aviso” el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de aceite y harina de soja, los principales productos de exportación del país. Si bien en ámbitos oficiales se mantiene estricta reserva, la medida suele ser la antesala de una suba de derechos de exportación.
La decisión oficial fue dada a conocer a los exportadores a través de un comunicado con la firma del subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, donde se señala que el cierre se efectuó “habiendo recibido las instrucciones del señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca”. Fue justamente Julián Domínguez quien hace dos semanas, en conferencia de prensa, aseguró que el Gobierno no iba a subir las retenciones al campo.
De concretarse la suba, la misma llegaría a poco tiempo del inicio de una cosecha de soja que se estima en 40 millones de toneladas.
¿Cuánto podrían subir los derechos de exportación? La Ley de emergencia económica que el Congreso sancionó a fines de 2019 por pedido del recién asumido Alberto Fernández, estableció un tope para las exportaciones del complejo sojero del 33%. Es decir, que el Ejecutivo solo podría subirlas dos puntos desde el 31% vigente. Para ir por más debería pedir la intervención del Poder Legislativo.
Si bien no parece un gran número, traducido en dólares la suba no es menor. Para David Miazzo, economista Jefe de la Fundación FADA, “teniendo en cuenta la suba de los precios de las últimas semanas y este incremento de derechos de exportación, el Estado podría recaudar entre 400 y 500 millones de dólares extras que lo recaudado en 2021”. Incluso, “si los actuales precios internacionales se mantienen, podría llegar a los 600 millones”, agregó en charla con A24.com Agro.
Cabe recordar que en 2021 ambos productos dejaron al país unos 19 mil millones de dólares, con una recaudación vía retenciones cercana a los 6.000 millones de dólares.
La suba de retenciones llegaría en momentos en que la Sociedad Rural Argentina acudió a la Justicia para frenar su cobro, argumentando que con la fallida votación del Presupuesto 2022 en el Congreso, se le puso fin a las Facultades delegadas, por lo que el cobro de derechos de exportación sería ilegal.
En ese entonces, Domínguez objetó la postura de la entidad y advirtió que, desde el punto de vista jurídico, "sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021" y "ninguna de sus facultades se ha alterado", ya que con el decreto que extiende su validez "también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios".
Es decir, que las autoridades consideran que podrían subir los derechos de exportación hasta el tope estipulado por el Congreso en 2019.
Y si bien esta posibilidad terminará dirimiéndose en la Justicia, el Gobierno tendría otra carta para jugar cuando se selle el acuerdo con el FMI.
Según adelantaron fuentes oficiales a este medio, una vez que el acuerdo con el Fondo pase por el Congreso, el paso siguiente será sancionar la Ley de Presupuesto 2022 con lo que quedaría saldado este posible vacío legal.
Por estas horas, otra duda es que posición tomarán las entidades de la producción si finalmente se suben las retenciones al aceite y la harina de soja.
Es que la eliminación del diferencial entre las retenciones del poroto de soja y sus subproductos es un viejo reclamos del ruralismo. De hecho, en 2018, el Gobierno de Mauricio Macri unificó las retenciones de los subproductos cuando Luis Miguel Etchevehere era ministro de Agricultura, medida celebrada entonces por las entidades agropecuarias.
Por supuesto, los productores preferirían que la eliminación se de por una baja del poroto y hay que tener en cuenta que la suba de los procesados también dañará la capacidad de pago de los exportadores. Esto implica que seguramente habrá un impacto sobre los precios que recibe el productor, con malhumor en aumento.
