Sin embargo, las bases de este posicionamiento relativamente favorable se están erosionando. Veamos un dato. Entre 1990 y 2000 el volumen exportado de manufacturas de origen agropecuario aumentó 112%. Entre 2000 y 2010 la suba fue de 33%. Y entre 2010 y 2019 fue de apenas 13%. Esta tendencia, que quedó oculta detrás de una suba en los precios internacionales sin precedentes, refleja un deterioro de fondo en los incentivos a la producción y la exportación.
El propio informe de FAO-OCDE menciona varias políticas públicas que afectan negativamente el posicionamiento agropecuario argentino. Como ya viene siendo una costumbre, lo que más se destaca es la imposición de derechos de exportación, una política que ya lleva 20 años consecutivos en vigor y ha implicado transferencias negativas para el agro argentino por más de 160 mil millones de dólares. Ningún otro país de los analizados en el informe impone una medida similar. Es más, en general se aplican políticas de apoyo al sector agropecuario, como cuotas de importación, precios sostén o transferencias.
A esto se suma que las condiciones que enfrentan las empresas agropecuarias argentinas son más desfavorables que en otros países. En el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial nuestro país está en el puesto 83 sobre 141 economías (es el miembro del G-20 peor posicionado). En el índice de performance logística del Banco Mundial nos ubicamos en el lugar 62. Estamos entre los 20 países con mayor carga impositiva sobre las empresas, según el relevamiento de la Tax Foundation. Y somos el país con políticas más desfavorables para el sector agrícola según el Índice de Apoyo Agropecuario de la OCDE.
Pero no solo importa dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Los últimos años nos han sorprendido, en el mal sentido de la palabra: prohibición de exportar, suba en los derechos de exportación, intervención en los mercados, vigilancia estatal de las estructuras de costos, controles de precios. Sumado a que el Ejecutivo ha boicoteado la agenda de negociaciones internacionales del Mercosur y resiste cualquier tipo de intento de liberalización del bloque, medida que sería beneficiosa para las exportaciones, la producción y el empleo.
Ahora volvamos al futuro. La demanda internacional será una oportunidad, pero su menor ritmo de crecimiento es indicador de que habrá una competencia más encarnizada por los mercados. Si la política pública nacional no cambia el rumbo, para 2030 vamos a hablar de cada vez más oportunidades perdidas e, incluso, tal vez dejemos de estar entre los proveedores más relevantes de alimentos a nivel mundial (como ya nos ha ocurrido en el pasado con la carne bovina).
Es momento de confiar en el potencial de los argentinos y levantar las barreras al crecimiento. Si así lo hacemos, veremos que Argentina encontrará un posicionamiento mucho mejor que cualquier proyección que puedan hacer la FAO o la OCDE.
El auto es economista. Docente de Economía Internacional UCEMA. Colaborador de la Fundación Libertad y Progreso.
Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.
