Los productores y la Mesa de Enlace siguen de cerca las alternativas judiciales de las retenciones, uno de los reclamos históricos del campo ante la Casa Rosada. Esta semana el juzgado Federal de Junín, en Buenos Aires, le dio curso al amparo que presentó el abogado Alejandro Barbieri, referente de la Sociedad Rural de esa ciudad, junto a su colega Luis Panetta. El juez Héctor Pedro Plou declaró la inconstitucionalidad del cobro de derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo. Por eso el campo también espera lo que suceda con una causa similar por retenciones, que transcurre en Córdoba.
AGRO Y DÓLARES
¿Retenciones inconstitucionales?: Un juzgado federal de Junín le dio la razón al campo en la pelea contra el Gobierno
El fallo del juez Héctor Pedro Plou le dio curso a un amparo de dos productores agropecuarios de la región. Se suma a la causa que la Sociedad Rural Argentina tramita en Córdoba.
El campo mantiene vivo el reclamo por las retenciones contra el Gobierno.
“Informamos que el Juzgado Federal de Junín ha resuelto declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones del Decreto 851/2021 a partir del 1 de enero de 2022, normativa que se aplica a las alícuotas de derechos de exportación al sector agropecuario”, precisó Barbieri desde su cuenta de Twitter.
“Nuestro agradecimiento junto al Dr. Luis Panetta a la Sociedad Rural de Junín y a los productores agropecuarios que también bien se presentaron como partes en el planteo realizado”, subrayó.
Desde la entidad de todas maneras recordaron que la sentencia firmada por Plou aún no se encuentra firme. “Seguramente será debatible en otras instancias judiciales”, aclaró Barbieri.
Sin embargo rescató que se trata de “una buena noticia en la búsqueda de otras alternativas de defensa de los derechos del sector agropecuario”.
“Por otra parte, la gran novedad es que quienes se benefician con la sentencia son los mismos productores agropecuarios ya que ellos mismos fueron reconocidos como legitimados para realizar el reclamo”, expuso.
El fondo del reclamo se basa en que el Gobierno ya no cuenta con legitimidad para ejecutar el cobro de retenciones. ¿La razón? Entienden que la facultad delegada que daba sustento a esa práctica se diluyó cuando el Frente de Todos perdió la votación en el Congreso sobre el Presupuesto 2022.
El antecedente cordobés
En tanto que la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María, dependiente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), están a la espera de lo que determine la Justicia Federal de Córdoba. ¿Qué sucede allí? Ambas entidades presentaron un recurso de amparo colectivo en marzo de este año y el juez Ricardo Bustos Fierro entendió, en primera instancia, la viabilidad de la presentación.
El Gobierno contragolpeó rápidamente a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su cuerpo de abogados, que reclamó el traslado de la causa a suelo porteño.
Sin embargo ese camino fue abortado y la Cámara revisora en Córdoba aceptó que la AFIP pueda ubicar en Córdoba, y no en Buenos Aires, su estrategia de defensa. Sin embargo el juez Bustos Fierro aún no se pronunció sobre el fondo de la causa, que en un primer escrito deslizó que podría llegar a “un solo juicio con efectos expansivos”.
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