A través de la ONG Bitcoin Argentina, la industria manifestó sus reservas sobre el DNU del presidente Milei con la intención de lograr una mayor regulación para el régimen de comercialización de activos virtuales.
DNU: desde el sector de criptomonedas consideran que la propuesta del Gobierno de Javier Milei atenta contra la libertad en la comercialización de Bitcoin y que restringe el acceso al mercado de criptoactivos. (Foto collage archivo)
A través de un comunicado, la ONG Bitcoin Argentina se expresó ante la intención del Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei de reemplazar, con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el frustrado trámite del proyecto de ley del gobierno anterior, en el cual se proponía seguir lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y donde se incluían medidas que afectan al sector fintech y cripto, referidas a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), entre otras.
“Lo que rechazamos es que con la excusa de seguir lineamientos del GAFI se introduzcan medidas que atentan contra la libertad en la comercialización de Bitcoin y que restringen el acceso al mercado de criptoactivos, que han sido refugio de valor y garantía para la libertad de trabajo de miles de ahorristas y de freelancers durante todos estos años de inflación y de medidas de arbitraria restricción monetaria”, declaró el presidente de la entidad, Ricardo Mihura.
La ONG admite que se nomine a los PSAV como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) los reportes de operaciones sospechosas, y también que la UIF lleve un registro de PSAV como lo recomienda el GAFI.
Pero, por otro lado, la ONG rechaza que los PSAV deban obtener una licencia habilitante de parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que este organismo pueda regular todos los aspectos de la comercialización de criptoactivos.
“Es obvio que, según la ley vigente, la CNV debe actuar de oficio para preservar el crédito y la confianza de las personas cuando se realiza oferta pública de valores negociables, aun cuando estos se instrumenten como activos virtuales”, agregó Mihura.
Refiriéndose a la necesidad de una nueva normativa, el presidente del organismo expresó: “No es necesaria otra ley para esto. Pero ello no tiene nada que ver con obligar a pedir autorización para vender o comprar Bitcoin, ya que no es considerado un valor negociable o security en nuestra ley, ni en ninguna otra parte del mundo”.
La posición de la ONG Bitcoin Argentina, como referente de la comunidad bitcoiner desde hace más de diez años en el país, señala que cualquier medida que haga referencia a los activos virtuales y a los PSAV debería respetar mínimamente los siguientes dos puntos.
-La definición de PSAV como sujetos obligados debe referirse sólo a los grandes exchanges, y debe excluir a las personas que realizan operaciones persona a persona, a título habitual o no, con liquidación en cuentas bancarias o de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), que ya son sujetos obligados.
Es redundante y superfluo exigir obligaciones administrativas a individuos o pequeños comerciantes, debido a que no puede equipararse a un cuentapropista con un exchange o un banco. Tampoco tiene sentido prohibir ni incriminar a esta actividad, que representa una fuente de ingresos legítima y socialmente útil.
-El establecimiento de un registro de PSAV debe centralizarse en la UIF (la autoridad competente en materia de lavado de dinero) y el mismo no debe ser habilitante para el ejercicio de la actividad, sino de carácter meramente informativo. Es responsabilidad de la UIF mantener actualizado este registro y no de quienes realizan la actividad. Tampoco representa un requisito para ejercer el comercio lícito.
Por esto mismo, no debe atribuirse a la CNV la competencia de establecer un registro obligatorio, ni para regular requisitos de índole patrimonial, financiera, operativa o administrativa para poder operar. Es inevitable que ese tipo de regulaciones sólo generen restricciones a la competencia y privilegios para las empresas más cercanas al regulador.
Además, inducen a la ciudadanía a operar en exchanges internacionales, los cuales quedan siempre fuera de la potestad regulatoria local.
Por último, el texto destaca que, desde su nacimiento, la ONG Bitcoin Argentina está comprometida en la construcción de un ecosistema sano, libre de estafas y otros tipos de delitos que generen un perjuicio para la sociedad, colaborando con las autoridades y con todo tipo de actores de buena fe.
