Además, explicó en qué consisten normalmente sus presentaciones en fiestas privadas: “Solemos bailar, hacer bromas, trucos de magia o repartir chupitos”. Y lanzó una pregunta que buscó interpelar a quienes critican su participación: “¿Por qué yo no puedo ser animador por mi condición física y otra persona sí puede?”
También aclaró que él y sus colegas ponen límites claros antes de aceptar cualquier contrato. “Antes de ir a un show dejamos claro que, a la primera falta de respeto, damos por terminado el servicio. Obviamente, no somos monos de feria como la gente se cree que somos”, afirmó, visiblemente molesto por la repercusión mediática.
Respecto a la denuncia de ADEE, fue contundente: “No estamos pidiendo ayudas, ni una paguita. Solo queremos que nos dejen trabajar. Tenemos nuestro contrato, somos autónomos y hacemos todo legal”. En ese sentido, lamentó que, en nombre de la defensa de sus derechos, estén obstaculizando su forma de vida. “Lo que ellos, los de las asociaciones, están haciendo es humillarnos, despreciando el trabajo que queremos”, sostuvo.
El animador reveló que llevan años trabajando de forma profesional, pero que las trabas comenzaron en el último tiempo. “Desde hace muchos años venimos haciendo esto. Pero ahora, uno o dos años para acá, es cuando más por cul* están dando esta gente y no lo entiendo la verdad”.
Y cerró con una crítica a la falta de alternativas que, según él, proponen los denunciantes: “Quieren prohibir lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos. Pero no te llaman para ofrecerte un puesto de trabajo, ni cursos remunerados. Yo no recibí nada, ninguna noticia”.
Mientras continúa la investigación impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, el testimonio de este artista suma una nueva dimensión a un caso que, más allá de la repercusión mediática, abre un debate de fondo sobre representación, dignidad, libertad laboral y límites éticos en la industria del entretenimiento.