El Gobierno argentino solicitó ante la Justicia de Estados Unidos la suspensión del proceso de discovery ordenado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, como parte de la causa por la expropiación de YPF, con el objetivo de frenar la estrategia de Burford Capital, el fondo que reclama el pago de US$16.000 millones más intereses.
PEDIDO DE DISCOVERY
Causa YPF: el Gobierno busca frenar en la Justicia de EE.UU. la ofensiva de Burford Capital
La Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska la suspensión del proceso ordenado en Nueva York al considerar que los requerimientos del fondo británico exceden el alcance del litigio.
La presentación se realizó durante la madrugada de este miércoles ante el juzgado a cargo de la jueza Loretta Preska. Desde la Casa Rosada consideran que los demandantes buscan intensificar la presión para acelerar el cobro de la sentencia, a través de requerimientos que exceden el alcance del litigio.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Procuración del Tesoro de la Nación advirtió que las solicitudes de Burford Capital apuntan a interferir en el funcionamiento normal del Estado.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, sostuvieron desde la Procuración del Tesoro de la Nación.
El pedido por las reservas de oro y la negativa argentina
El conflicto se profundizó en las últimas semanas cuando el fondo litigante avanzó con un pedido de desacato y reclamó, además, acceso a información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central.
La Procuración del Tesoro respondió que las reservas pertenecen al BCRA y se encuentran amparadas por la inmunidad de ejecución, por lo que se trata de activos no ejecutables. En ese sentido, sostuvo que cualquier requerimiento de información vinculado a esos bienes resulta manifiestamente improcedente.
Pese a ello, el Gobierno cursó una solicitud interna para recabar los datos requeridos, aunque aclaró que la decisión final recae exclusivamente en el Banco Central. Desde la Procuración, reconocieron que Argentina avanzó con el proceso de discovery ordenado en la causa y que, por eso, se entregaron más de 115.000 páginas de documentación.
Sin embargo, Burford Capital sostiene que persisten faltantes, especialmente vinculados a comunicaciones privadas de funcionarios actuales y de la gestión anterior.
La acusación de desacato de Burford y una audiencia clave
A partir de esos planteos, el fondo británico solicitó que la Argentina sea declarada en desacato. Para el Gobierno, se trata de exigencias “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivas, costosas y completamente ajenas al objeto del proceso”.
Los abogados del Estado acusaron a la contraparte de utilizar el discovery como una herramienta de presión política y judicial. “El discovery impulsado se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, afirmaron.
En el mismo sentido, la Procuración del Tesoro denunció que Burford Capital expresó “de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, conducta que calificó como “inaceptable jurídica y moralmente”.
Según el Gobierno, el único propósito sería forzar un pago anticipado, pese a que la sentencia aún se encuentra bajo revisión.
Qué puede pasar en la próxima audiencia
Mañana se llevará a cabo una audiencia clave ante la jueza Preska, donde la Argentina intentará frenar nuevos requerimientos y sostener su posición. Los beneficiarios del fallo de primera instancia podrán presentar un nuevo descargo el 19 de febrero.
“La República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”, advirtieron desde la Procuración.
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