Es porque no se cumplió con uno de los pedidos de la jueza neoyorquina que tiene el caso de la "reestatización” de la empresa petrolera. No se entregaron unos correos y chat de antiguos y actuales funcionarios. Por eso, el fondo de inversiones pidió una multa millonaria al país.
El administrador del fondo Burford, pide que se declare en desacato a YPF en un tribunal de Nueva York. (foto: A24.com)
Cada vez que la jueza Loretta Preska de Nueva York da un nuevo plazo a YPF, en la Argentina se lo interpreta como una pequeña victoria. Pero el litigante principal, hace todo lo contrario. Espera que se cumplan los plazos y vuelve a la carga. Eso es lo que ha hecho Christopher Bogart, CEO del fondo Burford.
Como la Argentina (YPF) no presentó los contenidos de conversaciones en chats -que se habían pedido por parte de la jueza- avanzaron con el reclamo: pidieron que se declare a la empresa petrolera argentina y al gobierno en desacato. Entre otras cosas, conlleva que se cobre una multa de 1 millón de dólares por cada día que pasa sin suministrar esa información que el gobierno argentino ya anunció varias veces que no hará. En respuesta, Argentina denuncia al fondo de inversiones por "hostigamiento".
Todo este reclamo permanente se origina en el fallo a favor de los demandantes de YPF y el gobierno argentino por cómo se hizo la recompra de acciones para que el estado volviera a tener el 51% de la empresa petrolera.
La jueza Preska falló a favor de los demandantes que nunca aceptaron cómo se hizo ese proceso. Estimó un perjuicio de 16.000 millones de dólares que generan altos intereses de multa por cada día que no se cumple. Además, pidió datos adicionales -como la entrega de esos chats de funcionarios- que también, ante la negativa argentina, provocan más multas millonarias en dólares por día.
Ante todas estas situaciones, el fondo de inversiones volvió a cargar con dureza contra la empresa y el estado argentino.
El fondo Burford Capital volvió a la carga contra la Argentina con un reclamo por desacato en la causa por la expropiación de YPF, un expediente que se tramita en tribunales de Estados Unidos y que ya tiene un fallo adverso para el país por US$16.100 millones más intereses.
El planteo de Burford apunta a que la Argentina y YPF no cumplieron órdenes judiciales dictadas por la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York. En particular, el fondo sostiene que el Estado argentino siguió actuando como si fuera inmune a la jurisdicción estadounidense, pese a que la Justicia ya estableció responsabilidades por la forma en que se realizó la estatización en 2012, cuando no se lanzó una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como exigía el estatuto de la petrolera.
Burford, que compró los derechos de litigio a los accionistas originales, pide que el tribunal declare a la Argentina en desacato y evalúe sanciones adicionales. Entre las medidas que podrían analizarse aparecen multas económicas, restricciones procesales e incluso un endurecimiento en la etapa de ejecución del fallo, donde el fondo busca activos argentinos en el exterior para cobrar la sentencia.
El Gobierno argentino rechaza el planteo y sostiene que YPF no es responsable directa porque actuó bajo una decisión soberana del Estado. Además, insiste en que el fallo debe ser revisado por instancias superiores, ya que considera que viola principios de derecho público argentino y excede la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.
La disposición inicial de la jueza Preska trepó ya a los 18.000 millones de dólares por las multas punitorias y los intereses por cada día de incumplimiento de su resolución. Esta cifra es un verdadero problema, no sólo por su magnitud en relación, por ejemplo, con las reservas del Banco Central. Si tomamos solo la situación de YPF se ve claramente el tremendo impacto de la determinación de la jueza de Nueva York.
La capitalización bursátil -que es la medida más común para estimar cuánto “vale” una empresa según su precio en bolsa- se ubica alrededor de los 13,3 – 14,5 mil millones de dólares (USD) en su cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Esto se calcula multiplicando el precio de las acciones por la cantidad de acciones en circulación. Es decir, el fallo más los punitorios suponen pagar más que el valor accionario de la empresa.
Pero hay otro dato: el valor de empresa (Enterprise Value). Un dato más completo de valoración que incluye deuda neta y efectivo es el Valor de Empresa (EV). Según indicadores financieros recientes, el valor de empresa de YPF ronda los 25 mil millones de dólares. Esto ofrece una imagen más ajustada del tamaño total del negocio, ya que suma la deuda que la compañía tiene y descuenta el efectivo disponible. Si tomamos este valor, descontar lo que estima Loretta Preska y demanda Burford dejarían solo 7.000 millones de dólares como "resto" de esa "operación contable".
Por eso, el gobierno argentino replica que el fondo Burford realiza un hostigamiento en la causa. Que, lejos de negociar y buscar una solución que haga posible el pago de la operación que se gestó en tiempos del viceministro de economía, Axel Kicillof, en el año 2012.
Además, ser declarado en desacato sería un escollo casi imposible de superar por la Argentina en esta etapa en la que busca préstamos genuinos del exterior y aumentar sus reservas en dólares. Si el desacato se declara en Nueva York, la situación de "hostigamiento" que plantea el Gobierno podría resumirse así: en un momento en que el país -con una administración diferente con una clara ideología pro-mercado- se muestra abierto a la economía mundial y a la llegada de inversiones, el fondo Burford, con la dureza de su reclamo, parece más interesado en provocar un colapso de la economía del país antes que beneficiarse con una negociación que haga posible el pago dispuesto por la jueza Loretta Preska.
El escenario abre varias opciones. La jueza puede aceptar el reclamo de desacato, lo que complicaría aún más la posición argentina en la negociación y la ejecución del fallo. También puede rechazarlo o postergarlo, a la espera de apelaciones. En paralelo, sigue latente la posibilidad de una negociación extrajudicial, aunque el monto y las condiciones siguen siendo el principal obstáculo.
Mientras tanto, el caso YPF se consolida como uno de los mayores pasivos legales de la Argentina en el exterior, con impacto directo sobre el frente financiero, la inversión y la estrategia internacional del país.
