"De la operación de bolsa sale con valor MEP y lo que lo trasladan es el 'spread' (diferencial cambiario) que ganan a ir al marginal, que hoy tiene una diferencia de casi 100 pesos", graficó.
Sobre el procedimiento y la continuidad de la investigación, Arce subrayó: "Trazamos y compilamos la información de todas las operaciones que se van haciendo día a día; después identificamos conforme los perfiles que tenemos y las matrices; seleccionamos el subconjunto de contribuyentes que no tendrían la capacidad y en función de eso trabajamos en el punto a punto de cada uno de ellos para empezar la trazabilidad puntual de cada operación".
"En muchos casos vemos que hay reiteración entre las semanas porque es el cupo que se acaba; se acaba una semana y se renueva la siguiente", advirtió.
El funcionario de la DGI-AFIP recalcó que las tareas del organismo ya llevan más de 15 días, y además se está ampliando vía requerimiento información de los últimos dos años.
Consultado sobre quién o quiénes están detrás de estas maniobras ilegales, puntualizó: "Son sociedades que intervienen los seis agentes de bolsa, las ALyC (Agente de Liquidación y Compensación), pero la semana pasada estuvimos trabajando información y hay un código, una clave de identificación, que es para inversiones del extranjero".
"También focalizamos sobre esas que, al no tener CUIT ni CUIL, no impactan directamente en nuestros sistemas, con lo cual compilamos esa información y la trabajamos alternativamente contra la que tenemos aún solicitando a fiscos extranjeros", continuó.
Respecto de qué tipo de sanción puede caber a los infractores, Arce aclaró que su área "pone conocimiento a la autoridad de aplicación, la Comisión Nacional de Valores, y si hubiere alguna infracción del tipo cambiario, se informa al Banco Central, que pone en marcha los sistemas administrativos o efectúa la denuncia".
La Aduana, en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizó ayer 50 allanamientos por la presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas mediante falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades ubicadas en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.