El gobierno de Javier Milei había solicitado a la magistrada de Nueva York que no mantuviera su decisión sobre la cesión del 51% de las acciones de la petrolera del Estado a la empresa Burford.
La jueza de Nueva York y un nuevo revés para la Argentina por la causa YPF. (Foto: A24.com)
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este lunes el pedido de Argentina de suspender la transferencia de acciones de la empresa petrolera YPF al fondo Burford, que representó a los accionistas que objetaron la operación de "reestatización" hecha durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Ante la demanda presentada por ese fondo, la jueza decidió que la Argentina debe pagar a los accionistas unos US$16.000 millones como resarcimiento por una maniobra mal ejecutada. Como a lo largo de los años - con tres administraciones diferentes - Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei - nunca acercó una propuesta para negociar, la jueza tomó la iniciativa. Dispuso que la Argentina debe devolver el 51% de las acciones, el mismo porcentaje que "nacionalizó" en su momento.
Es una dura derrota para el actual gobierno libertario. La jueza Preska, pese a esa determinación, volvió a llamar a las partes a negociar una forma de entendimiento. Pero los representantes del gobierno de Javier Milei rechazaron cualquier negociación con el fondo Burford o los tenedores iniciales de las acciones.
En consecuencia, la jueza neoyorquina rechazó de plano el planteo nacional - que no se ejecute la devolución del 51% de las acciones - por lo que esa medida es la única en pie para que los accionistas (y el fondo Burford) sean resarcidos.
"La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República", dijo en su escrito la jueza Preska, en lo que vuelve a manifestar que los diferentes gobiernos argentinos, de tres signos políticos distintos, no han hecho el menor esfuerzo por atender a su fallo principal: el pago de US$ 16.000 millones al fondo demandante en nombre de los accionistas de YPF.
También dice que este fallo, aunque afecta a otras partes, debe comenzar a cumplirse rápidamente, habida cuenta de la demora en años. "Si bien es cierto que otras partes se ven afectadas por la orden de entrega del Tribunal, los demandantes tienen derecho a cumplir su sentencia no suspendida”, declaró Preska, la titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en su fallo.
Este fallo se conoció en noviembre de 2024 y la magistrada puso de manifiesto que nunca logró de la parte argentina que acerque una manera de negociación ante una situación que ordenaba un resarcimiento por la manera en que el estado recuperó el 51% de las acciones de YPF en el año 2012 (gobierno de Cristina Fernández de Kirchner).
En noviembre de 2024, Preska falló a favor del fondo Burford (el pago de 16 mil millones de dólares). El pasado 30 de junio, al ver que no tenía ninguna respuesta de YPF o el gobierno que controla el 51% de la empresa, la jueza tomó una decisión dura: ordenó restituir ese paquete accionario a los tenedores originales. Pero de nuevo, hizo un último llamado para abrir un canal de negociación.
El gobierno libertario hizo saber que esa no era su intención. Entonces, la jueza esperó que se cumpliera el plazo que ella misma había dado. Este lunes, entonces, rechazó el planteo de la Argentina para que no se llevara la práctica la ejecución de esa restitución de acciones. Por lo que la orden de la jueza de Nueva York sigue en pie y puede ordenar cumplirla.
De todas maneras, le concedió al país (y a la empresa) una última oportunidad. El día 17 de julio, es decir, en tres días, la jueza puede declarar en desacato a esta parte si, como ha hecho hasta ahora, no acerca o muestra una voluntad de diálogo para negociar. El Tribunal de Nueva York puede ejecutar, por ejemplo, embargos para cubrir esa cifra.
Pero, al mismo tiempo, puede dar vista al secretario de Justicia, sobre la rebeldía o desacato de la Argentina. En cuyo caso, el gobierno del presidente Trump podría aplicar sanciones contra el país. Por ejemplo, pedir el embargo de las reservas que el ministro Caputo envió al Reino Unido, como sucede con las reservas de Venezuela, que no puede utilizar porque están "congeladas" en el Reino Unido.
La situación es compleja para el gobierno argentino, porque en su momento, las partes acordaron que en caso de un litigio, el tribunal de Nueva York sería el idóneo para resolverlo. Es lo común cuando un país con dificultades permanentes para cumplir sus compromisos - como lo es históricamente la Argentina - quiere captar financiamiento internacional. Un tribunal extranjero da las garantías a los eventuales inversores.
Pero en 2012, el gobierno argentino no respetó la manera de volver a tomar acciones en manos de privados. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, descalificó públicamente que el gobierno respetara el estatuto de una empresa de la que era parte.
La jueza Loretta Preska citó textualmente las palabras del viceministro de Economía, en su primer fallo condenatorio. “Eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias ha sido constante", dijo la jueza, y agregó: "La administración (argentina) aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”.
Ahora, quedan sólo tres días antes que el país pueda ser declarado en "desacato" ante un juzgado de Nueva York por la causa YPF.
