La jueza Loretta Preska citó a la Argentina y a los fondos demandantes por la expropiación de YPF a una audiencia en Nueva York para exigir información sobre Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central.
La jueza Loretta Preska citó al Gobierno argentino y a los fondos demandantes en la causa por la expropiación de YPF a una audiencia clave prevista para el próximo martes 15 de julio a las 10 de la mañana. El encuentro no abordará el fondo de la sentencia, sino que busca destrabar el acceso a información sobre empresas estatales que los acreedores quieren embargar como “alter ego” del Estado argentino.
Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central están en la mira de los beneficiarios del fallo, que pretenden acceder a sus activos para cobrarse parte de la sentencia por US$ 16.000 millones. “La Jueza Loretta Preska convoca a la República Argentina y a los beneficiarios del fallo YPF a una reunión en su Corte para destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el alter ego de YPF”, explicó en redes el especialista Sebastián Maril.
Los fondos buscan que la magistrada ordene al país entregar documentación que el Gobierno se ha negado a brindar. En caso de avanzar esa línea, podrían promover embargos sobre bienes de esas entidades, bajo el argumento de que actúan como extensiones directas del Estado nacional en el exterior.
Mientras tanto, la Argentina decidió este jueves apelar formalmente la orden que la obliga a entregar el 51% de sus acciones en YPF como parte del cumplimiento de la sentencia en favor de Burford Capital. Lo hizo sin esperar la respuesta de la jueza sobre un pedido previo de suspensión del fallo.
La estrategia judicial fue adelantada por el presidente Javier Milei a través de su cuenta en X. El mandatario confirmó que el país insistirá en revertir la condena de primera instancia, que obliga a indemnizar al fondo Burford por la nacionalización de la petrolera en 2012 sin cumplir con la oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios.
Para el analista Sebastián Maril, la presentación resultó sorpresiva por el momento en que se hizo: “Este paso que la Argentina da ahora era esperado en una, dos o tres semanas, no ahora. La teoría dicta que deberían haber esperado a que la jueza Preska diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo, y que diga si tenía o no que depositar una garantía. Pero directamente, el país apeló”, señaló. Y añadió: “Ahora hay que ver qué dice la jueza y qué dicen los beneficiarios por haber tomado esta decisión”.
El plazo para depositar las acciones en una cuenta en Nueva York vence el próximo lunes 14 de julio. Si bien la Argentina está habilitada a apelar antes de que Preska se pronuncie sobre la suspensión, algunos especialistas consideran que el momento elegido puede influir en cómo se mueve el tablero judicial.
Sebastián Soler, abogado formado en Harvard y experto en derecho financiero, remarcó que aún falta que la jueza decida si acepta el pedido de suspensión de la orden. “Y si Preska lo deniega, Argentina también apelará ese rechazo”, adelantó. En un hilo en redes sociales, concluyó: “Más temprano o más tarde, será la Cámara la que resuelva si confirma o revoca: 1) la sentencia de primera instancia de Preska, que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones por no hacer la OPA, y 2) la orden de Preska de que Argentina entregue sus acciones de YPF en pago de esa indemnización”.
Además de la apelación en el caso Burford, el Gobierno también recurrió el fallo que lo obliga a entregar acciones de YPF al fondo Bainbridge por una deuda en default desde 2001, en ese caso por US$ 95 millones. Un tercer fondo, Attestor Master, también intenta hacerse de parte de esos activos.
El trasfondo incluye otro episodio relevante. Al asumir la presidencia, Javier Milei rechazó una propuesta inicial de la jueza Preska para presentar una garantía que habría evitado embargos mientras se tramitaban las apelaciones. “Milei, por motivos obvios, porque estaba recién asumido como Presidente y tenía otras prioridades, decide no poner una garantía, y entonces empiezan los embargos”, explicó Maril.
Ese rechazo habilitó dos vías de presión por parte de los fondos. La primera fue el pedido de entrega del 51% de YPF. La segunda es la avanzada para que Preska declare como “alter ego” a empresas públicas argentinas, lo que habilitaría embargos sobre sus bienes en el exterior. La reunión convocada para el martes será clave para definir los próximos pasos de esa ofensiva judicial.
