La Justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, como forma de avanzar en el cumplimiento de la millonaria sentencia en su contra.
La jueza Loretta Preska resolvió que el Estado argentino debe transferir la mayoría accionaria de la petrolera a los demandantes, como parte del resarcimiento por la expropiación de 2012.
La Justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, como forma de avanzar en el cumplimiento de la millonaria sentencia en su contra.
La decisión fue firmada por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien ya había requerido a comienzos de 2025 que el país informara sobre sus activos. Ahora, el dictamen va un paso más allá y establece la cesión directa del paquete accionario mayoritario que posee el Estado argentino en la empresa.
Se trata de una decisión apelable, pero que impone un plazo urgente que el país deberá concretar la entrega en un máximo de 15 días.
Preska resolvió que la Argentina debe depositar los papeles en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon (BNYM) y desde allí habilitar su traspaso a los demandantes o quienes ellos designen. En el texto, la magistrada remarcó que “desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía”. También puntualizó que Argentina vota para nombrar al directorio y validar propuestas, “incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”.
Las acciones de YPF sufrieron una caída del 5% en Wall Street apenas trascendió la noticia, que fue difundida por el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, en su cuenta de X.
La orden judicial representa un nuevo capítulo en el conflicto con Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio del caso hace una década y que logró la sentencia que obliga a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares. En abril pasado, Burford había reclamado la transferencia del paquete accionario ahora otorgado, además de solicitar embargos y otras medidas.
Según analistas, si el Gobierno argentino decidiera acatar la entrega, debería contar con la aprobación del Congreso y lanzar una oferta pública para ceder las acciones, algo que podría ser un obstáculo para el fondo.
Ahora, con el reloj corriendo, el Gobierno nacional deberá definir en pocos días cómo responder a este nuevo revés judicial en el exterior.
