Al mismo tiempo, hace una diferencia entre el gobierno del presidente Milei y la solidaridad de "miles de voces" que llegaron desde la Argentina. "La convivencia pacífica y la hermandad entre nuestros pueblos nunca debe ser perturbada por intereses mezquinos e ideologías fascistas", enfatiza la cancillería boliviana.
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Bolivia rechazó un comunicado de la oficina de Javier Milei que habla de una "falsa denuncia de golpe de Estado" (Foto: gentileza a14).
¿Contradicción en el gobierno argentino?
Cuando el presidente Arce alertó sobre el movimiento de tropas y el intento de ingresar al palacio Quemado (histórica y ahora antigua sede del ejecutivo boliviano), el Palacio San Martín publicó un mensaje en apoyo a las autoridades democráticas del país del altiplano. "La República Argentina reafirma la defensa irrestricta de la democracia en la región y condena todo intento de quebrantarla". Además, la canciller Diana Mondino escribió en su cuenta de X: "Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia".
Eso ocurrió el 27 de junio. Pero apenas 3 días más tarde, la opinión el presidente argentino va en otro sentido. No solo habla de "falsa denuncia de golpe de Estado" sino que, además, hace consideraciones con situaciones internas en Bolivia.
En otra parte de su mensaje, la oficina del presidente Milei señala: "El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas".
En uno de los párrafos más controvertidos del mensaje de la OPRA se describe: "La democracia boliviana está en peligro. No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte”.
Y también habla de "presos políticos" en ese país. "En este momento, Bolivia tiene más de 200 presos políticos, entre ellos la expresidente interina Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca".
Bolivia rechazó esas descripciones diciendo: "Las desinformadas y tendenciosas aseveraciones, sobre una posible existencia de presos políticos, o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido, constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable”.
Y culmina con una "invitación" al gobierno nacional para respetar los principios de no intervención de Naciones Unidas y no involucrarse en asuntos internos de otro país.
A los problemas diplomáticos con México, Colombia, España, y los roces con Lula de Silva en Brasil, ahora se suma una disputa con Bolivia, que inclusive tomó la decisión de llamar en consulta al embajador en Buenos Aires.