Un avión de bandera venezolana que llevaba tripulantes venezolanos e iraníes todavía permanece varado desde la semana pasada en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El desenlace de la investigación todavía es un misterio.
Un avión de bandera venezolana que llevaba tripulantes venezolanos e iraníes todavía permanece varado desde la semana pasada en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El desenlace de la investigación todavía es un misterio.
Se trata de un Boeing 747 de la aerolínea venezolana Emtrasur, que fue retenido por las autoridades argentinas el 8 de junio luego de quedar varado por falta de combustible. El avión arribó a Buenos Aires el 6 de junio. Dos días más tarde tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto argentino, donde finalmente fue retenido.
Los 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes que viajaban a bordo fueron hospedados en el Hotel Plaza Central Canning. A los iraníes y venezolanos se les retuvo el pasaporte y les prohibieron la salida del país, mientras la justicia continúa en estos momentos la investigación por una serie de irregularidades que levantaron sospecha.
La aerolínea Emtrasur, con sede en Caracas, registró el avión como parte de su flota en enero. Sin embargo, durante 15 años, el Boeing 747 operó para la compañía iraní Mahan Air. Emtrasur es una compañía filial del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
Tanto Conviasa como Mahan Air están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU (OFAC). El avión fue construido hace 36 años y en la actualidad está registrado con las siglas YV3531, correspondientes a aeronaves venezolanas.
De acuerdo con el sitio especializado en aeronáutica Planespotters.net, anteriormente estaba registrado a nombre de Mahan Air con las siglas EP-MND. En septiembre de 2012, la OFAC emitió un comunicado en el que informaba sobre la inclusión de una aeronave de Mahan Air con esas siglas en su lista de bienes sometidos a sanciones.
El avión tuvo una ruta de vuelo que empezó a llamar la atención en la Justicia argentina. La aeronave llegó a Buenos Aires el lunes 6 de junio proveniente de Caracas, Venezuela, con una parada por niebla en el aeropuerto de Córdoba con 17 tripulantes a bordo.
Cuando el avión aterriza en Ezeiza, el vuelo fue requisado y revisado en varias oportunidades. También la documentación de los pasajeros. Sin embargo, no se encontró ningún material sospechoso y los pasajeros no estaban en los registros de Interpol.
El martes 7 de junio, el avión tenía previsto otro vuelo que no pudo realizarlo por falta de combustible. En ese momento, ni la empresa YPF ni Shell le vendieron el combustible que necesitaba para volar. El miércoles 8 de junio, con todos sus tripulantes a bordo, la aeronave partió desde Buenos Aires a Uruguay.
Sobre la compañía iraní Mahan Air recaen numerosas sospechas de tener vínculos con la Fuerza Quds, un poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Estados Unidos acusa a Mahan Air de transportar cargas militares en aviones civiles, y en 2011 impuso sanciones para quienes operen con la aerolínea iraní.
En mayo de 2020, el departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció la existencia de vuelos chárter de Mahan Air hacia Venezuela que supuestamente trasladaban a personal iraní, equipos técnicos y otros materiales que eran usados y pagados por el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington no reconoce como presidente legítimo de Venezuela.
Además de las sospechas sobre el avión, en Argentina también se investiga por qué había cinco iraníes entre la tripulación. A las autoridades les llamó la atención el hecho de que la tripulación de la aeronave era más del doble de lo requerido.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó que el nombre de uno de los tripulantes iraníes, Gholamreza Ghasemi, "coincide" con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La aeronave detenida está configurada como un avión de carga. En su interior transportaba autopartes y otros componentes para vehículos. Concretamente: componentes destinados a la producción de paneles de instrumento y asientos para la camioneta Taos, de la marca Volkswagen.
Sin embargo, tanto SAS Automotriz SA, la compañía que adquirió esas autopartes, como la empresa Volkswagen Argentina emitieron comunicados en los que se desvinculaban del vuelo de Emtrasur.
En el caso de Volkswagen, señaló que adquiere esas piezas directamente de SAS Automotriz SA, mientras que esta compañía de autopartes afirmó que había encargado el envío de estos componentes procedentes de Querétaro (México) a Forwarder Fracht USA, una compañía internacional de servicios logísticos.
"La relación entre Forwarder y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna", indicó la empresa en un comunicado.
La aeronave detenida transportaba a 19 personas: 14 venezolanos y 5 iraníes. Aníbal Fernández insistió en decir que al momento de ingresar a Argentina no existían alertas rojas ni ningún tipo de medida similar en contra de ninguno de los tripulantes.
Agregó que posteriormente el gobierno argentino recibió información de organismos internacionales que advertían sobre "la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con las Fuerzas Quds", una división de la Guardia Revolucionaria Islámica.
En un principio, les fueron retirados los pasaportes a todos los tripulantes, aunque se les habría otorgado un permiso para permanecer en Argentina y hospedarse en un hotel.
Este lunes, el juez federal Federico Villena ordenó que se mantengan bajo custodia los pasaportes de los cinco tripulantes iraníes durante 72 horas más. El magistrado había ordenado la toma de huellas dactilares de estas personas.
Los iraníes fueron identificados en la orden judicial como Mohammad Khosraviarag, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.
Horas después de que se conoció la decisión del juez Villena, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó investigar a estos cinco iraníes por posibles vínculos con el terrorismo. La funcionaria también pidió decretar el secreto de sumario del caso, decisión que fue acordada por el juez poco después.
En las últimas horas, la Justicia allanó este martes por la mañana el hotel en el que se encuentran los iraníes y venezolanos. Los efectivos ingresaron al establecimiento con orden judicial en busca de elementos de interés para la pesquisa, como computadoras personales y teléfonos celulares, que podrían estar en posesión de los 19 tripulantes de la aeronave.
