Ese fue el argumento principal para sostener que pese a tener un trato diferencial frente al resto de la población, no cometieron en esa acción, ningún tipo de delito que esté tipificado en el Código Penal.
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En las últimas 48 horas, la Argentina recibió 1.657.565 dosis de vacunas contra el Covid-19.
Sin embargo, la nueva resolución estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Y subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar.
De esta manera, la Cámara federal porteña le pidió a la jueza que investigue a todas las personas incluidas en ese listado, dándole la razón a la Procuraduría, que había sostenido que "existe una errónea interpretación y consecuente aplicación a la resolución del caso, de las normas jurídicas involucradas en los hechos bajo investigación".