La sospecha es que los empresarios habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que había participado la Selección Argentina de Fútbol desde 1991 hasta 2015 mediante el pago de sobornos a las autoridades de la FIFA y la CONMEBOL.
Esos contratos bajo sospecha le permitieron vender a las empresas “Full Play International S.A.” y “Torneos y Competencias S.A.” vender tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional obteniendo ganancias millonarias.
El fiscal Pollicita estimó que el pago del Estado Nacional a esas empresas por dos años fue de 33 millones de dólares y sobreprecios pagados por 19 millones de dólares.
En los Estados Unidos, el empresario Alejandro Burzaco ventiló detalles como confesor ante la Justicia de ese país, y ahora los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aconsejaron que se le tome declaración sobre esos contratos bajo sospecha.
“En esta tesitura, más allá de la pertinencia de la eventual identificación de aquellos valores mediante un nuevo peritaje en los términos solicitados por el Fiscal, resulta crucial para esta pesquisa establecer si ha mediado algún acuerdo espurio que pudiera haber tenido como perjudicado al Estado Nacional o también, independientemente de aquella comprobación, respecto del cual hubieran obtenido beneficios indebidos tanto los funcionarios (...) públicos como los empresarios involucrados, existiendo aún otros caminos por recorrer a fin de llegar a su dilucidación”, concluyó la Cámara.