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El caso “Lázaro Báez”, otro ejemplo de cómo la Justicia hizo la plancha hasta que el kirchnerismo dejó el poder

Federico Delgado
por Federico Delgado |
El caso “Lázaro Báez”, otro ejemplo de cómo la Justicia hizo la plancha hasta que el kirchnerismo dejó el poder

El operativo rescate

El 14 de abril de 2013, Jorge Lanata difundió en su programa de Canal 13 dos entrevistas a Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes describieron lo que luego se llamó “la ruta del dinero K”. Según la nota, Elaskar y Fariña habían enviado al exterior alrededor de 65 millones de euros, que pertenecían al empresario Lázaro Báez y sus hijos, a través de la financiera SGI y utilizando sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales.

La denuncia judicial no se hizo esperar. La justicia, fiel a sus hábitos, se enredó en una discusión: ¿qué juez debe tomar el caso?

El sorteado fue Sebastián Casanello, titular del Juzgado N° 7, pero de inmediato se desprendió de la denuncia y se la envió a su colega Julián Ercolini, que desde el año 2008 tenía en sus manos una causa iniciada por Elisa Carrió. Ella sostenía la necesidad de investigar a los gobiernos kirchneristas como una asociación ilícita, que había asignado el dinero previsto para obras públicas a empresarios amigos o testaferros para obtener un retorno o directamente para realizar la obra, respectivamente.

La disputa se resolvió a favor de Casanello. El 17 de abril de ese año el juez envió el expediente al fiscal Guillermo Marijuan para que habilitara la investigación. Marijuan estaba de licencia. Quien lo reemplazó, devolvió el expediente el 18. Hubo cuatro días preciosos que la justicia perdió en su laberinto. ¿que pasó en ese tiempo? Nunca los sabremos. Pero claramente esa suspensión de la causa tuvo efectos para todos lados. Aquí empezó un primer capítulo del caso Báez.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el juez federal Sebastián Casanello y quienes dirigían la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella y Omar Orsi, integraron el elenco que demoró el inicio del proceso y de algún modo toleraron las andanzas de Lázaro Báez.

En el momento en que el fiscal tenía que impulsar la investigación aparecieron Gonella y Orsi en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan. Como este estaba de viaje, lo reemplazaba su colega Ramiro González.

Según el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Gonella y Orsi intercedieron ante González para que, la ruta del dinero K” no traspasara los casos de Elaskar y Fariña, además de otros personajes menores que surgían de la entrevista que realizó Lanata. Para ello aportaron viejos informes de la Unidad de Investigación Financiera, el organismo que dependía del Ministerio de Justicia para la prevención del lavado de dinero, que vinculaban a Elaskar y Fariña con esas prácticas.

De ese modo, excluyeron de la investigación a Báez y compañía, aunque no afectaron los hechos. Esta distinción, que sólo se puede hacer hoy porque lo permite el paso del tiempo, parece menor pero es relevante.

En efecto, fue una protección mediática. Simbólicamente sacaron nombres que molestaban a la coalición de gobierno, pero permitieron que se invetigaran los hechos. Es dudoso que esas acciones sean un delito. Se inscriben más bien en los hábitos tribunalicios para torcer la aplicación de la ley y preservar el nombre de algunas personas. Es obvio que dichas acciones revelaron que un sector de la justicia no estaba cómodo con una investigación contra Lázaro Baez. Más allá de todo, lo concreto es que Báez tuvo preciosos días regalados por el sistema judicial.

Con esas herramientas, el juez Casanello comenzó la investigación sobre los hechos, aunque los fiscales habían señalado a Fariña y Elaskar. Cuando Marijuan se reincorporó, corrigió la situación y amplió el horizonte de la investigación. En palabras del fiscal “[voy a] adecuar la causa a la realidad”. Se terminó la protección simbólica.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi y la Sala II de la Cámara Federal procesaron a Gonella y Orsi por ese hecho. Desde agosto de 2015 se les imputa el delito de prevaricato. Consiste en dictar fallos y emitir dictámenes en contra de la ley. En el caso de los nombrados, por haber excluido imputados de la causa.

De todas maneras, Báez va a ser enjuiciado y los fiscales aún no, aunque se trata de una infracción menor. Por ello es preciso tomar la acusación penal entre comillas y remarcar la protección simbólica. Efectivamente protegieron simbólicamente a los Báez, más ahí a que ello sea un delito hay una distancia. Sobre todo, cuando en medio de esa causa se juega una feroz interna entre los sectores tradicionales de Comodoro Py y la agrupación filo kirchnerista Justicia Legítima.

De todas formas, la sospecha se extendió al juez Casanello y a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, básicamente porque serían parte de ese “operativo rescate” ya que aquella ordenó la intervención de Gonella y Orsi y porque el juez demoró medidas de prueba muy importantes permitiendo que se borraran rastros del delito.

Más allá de la cuestión eminentemente técnica es obvio que el diablo metió la cola. El Secretario de la fiscalía de Marijuan, Carlos Vasser, narró aquellos frenéticos días en que Gonella, Orsi y González tuvieron 4 días el expediente. Declaró dos veces.

El 4 de septiembre de 2013 y el 2 de diciembre de 2014. Su versión tuvo algunas sutilezas la segunda vez que beneficiaban a Gonella y Orsi. No se puede aseverar por qué lo hizo. Pero hay un hecho concreto y objetivo. Carlos Vasser competía en el concurso número 71, para ascender al cargo de fiscal. El 12 de diciembre de 2014, su pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación. Vasser había sido elegido por Cristina Fernández de Kirchner para el cargo de Fiscal de Instrucción. El juez, además, tenía en su poder, llamativos registros de llamados telefónicos que revelan una comunicación de Gonella y Gils Carbó, así como dos llamados de la Procuradora a Carlos Zannini, secretario legal y técnico de la presidencia de la Nación, en esos días cruciales.

Por esa razón, podemos intuir que hubo protección simbólica, más no judicial porque de hecho Lázaro Baez será enjuiciado.

Pero la pregunta es ¿que perdió la justicia por esos días? Es difícil calibrar una respuesta específica. Sólo se puede especular de manera contrafáctica. Por ejemplo, la diputada Elisa Carrió acercó elementos de prueba acerca de una posible cantidad de dinero escondido en una propiedad de Lázaro Báez en el sur del país y el juez Casanello ordenó los allanamientos quince días después, ya que planteó una discusión sobre si en ese punto debía intervenir la justicia federal de Río Gallegos o la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez más la lógica del expediente se impuso por sobre la justicia sustantiva.

El efecto medios

Báez gozó de aquella protección inicial. De hecho, la causa hizo la plancha hasta el 15 de marzo de 2016, cuando el noticiero de Canal 13, Telenoche, difundió el video conocido como “La Rosadita”. Las imágenes grabadas en el año 2012 confirmaban todos los puntos que habían señalado Elaskar y Fariña a Lanata.

En el video aparecían los protagonistas que habían excluido Gonella y Orsi. El impacto que causó en la opinión pública la forma en que se descargaban los bolsos con dinero, desde que se contaban alrededor de 3 millones de dólares y, en particular, la escena en que Daniel Pérez Gadín y Martín Báez compartían un vaso de whisky, derivó en la aceleración del proceso.

Hasta ese momento, el juez se había limitado a dictar el procesamiento de Federico Elaskar y Leonardo Fariña el 7 de mayo de 2014 por el delito de lavado de dinero. Es más, el 31 de diciembre de 2015 el juez Casanello dictó la falta de mérito de Lázaro Báez, es decir, consideró que no había pruebas para procesarlo o para sobreseerlo en uno de los hechos de lavado de dinero que se le imputan. Esa falta de mérito no fue apelada por el fiscal Marijuan y su secretario Carlos Vasser había ascendido. Sin embargo, aquel video lo cambió todo.

Lázaro Báez fue detenido el 5 de abril de 2016 cuando su avión aterrizaba en el Aeropuerto de San Fernando. El 18 de abril de 2016, el juez Casanello procesó a Lázaro Antonio Báez y compañía con prisión preventiva por el delito de lavado de dinero. Todo muy rápido. Los medios tuvieron un efecto catalizador sobre la causa.

Los hechos por los que Lázaro Báez es investigado, más allá del corsé judicial tejido en Comodoro Py, ocurrieron entre 2003 y 2015. Gran parte de ellos estaban en anos del juez Julián Ercolini desde el año 2008, como había afirmado Elisa Carrió.. Esto significa que la justicia toleró al menos durante diez años las andanzas de Lázaro Báez.

*Gran parte de este artículo fue extraído del libro “La Cara Injusta de la Justicia” y actualizado de acuerdo a la evolución de los hechos.

Por Catalina de Elía y Federico Delgado, fiscal federal*

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