“En 750 grandes causas por corrupción investigadas entre 1980 y 2007 sólo se condenó al 3% de los involucrados, con un desfalco estimado de 13 mil millones de dólares para las arcas públicas”, describió el colega Hugo Alconada Mon en su libro "La Raíz de todos los males".
Ante este panorama y un gobierno, el de Mauricio Macri, que frente a una situación de crisis económica busca poner en su agenda electoral “la inseguridad” y “la corrupción K” el presidente firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para recuperar bienes vinculados a la corrupción y el narcotráfico.
El DNU anunciado por Macri prevé que la propiedad del imputado se pueda quitar antes de una condena, mientras se desarrolla el juicio.
Ahora bien. Cabe preguntarse si es la mejor solución para enfrentar el problema de la corrupción. Aunque es “justo” que quien cometió actos de corrupción no se beneficie con su delito, el hecho de que el Gobierno tome una decisión así es algo bien complejo. En primer lugar por la cuota de "improvisación" que pueda traer aparejado hacerlo en campaña electoral y por decreto. En segundo lugar, porque revela la ineficacia del Estado que elige colocar “parches” en lugar de atacar los problemas de raíz.
Además, el riesgo es que nuestros derechos se vean afectados. De acuerdo con nuestra Constitución todas y todos somos inocentes hasta que una sentencia judicial firme diga lo contrario. Si eso se convierte en una regla en lugar de una excepción, nuestros derechos pueden quedar a merced de la arbitrariedad de un juez o de los vaivenes políticos en un país en el que, muchas veces, el Poder Judicial funciona como apéndice del Poder Ejecutivo.
¿Esto significa que los corruptos deben zafar y nadie les debe quitar su dinero producto del delito? No. Esto significa que el Estado debe implementar de forma urgente políticas públicas destinadas a mejorar el servicio de justicia, cosa que hasta ahora no ha logrado.
Consultado por A24.com sobre este punto, el ministro de Justicia Germán Garavano expresó “esto no resuelve los problemas de la justicia y la corrupción pero puede ayudar como en Colombia a desapoderar de sus bienes a bandas criminales y narcotraficantes más rápido, reducir su poder corruptor y sacarlos de circulación. Es una herramienta potente”.
Tal como analizamos con el fiscal Federico Delgado en nuestro libro “La Cara Injusta de la Justicia” para solucionar estos problemas deben haber juicios justos y rápidos. Para ello debe haber un compromiso colectivo de crear un Poder Judicial independiente de los intereses sectoriales, reconciliar la ley con la justicia y trabajar integralmente en la formación de la burocracia judicial.
Hasta ahora con Cambiemos eso no cambió.
