La historia del país es la historia de facciones que alternan los roles de gobierno, intentando desestabilizarse recíprocamente. Cada grupo invoca la necesidad de “refundar el país” y la justicia no escapa a esa lógica. Cada facción ha intentado colonizar a la justicia. Es en este contexto que la Constitución protege la independencia del Poder Judicial frente a los intentos de intromisión del Poder Ejecutivo. Como el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria, el artículo 110 establece la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces. La idea de fondo del texto, tiene que ver con preservar la independencia de los magistrados para evitar, por ejemplo, que bajarles el salario sea una forma controlarlos. Dice el artículo 110:
alarma
Impuesto a la justicia: oportunismo político, inequidad tributaria y protecciones constitucionales
Sin embargo, en tiempos de crisis y ajuste el Gobierno de Mauricio Macri vuelve a poner en el centro de la escena la necesidad de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias.
En un país ideal con “jueces probos” los salarios de la Justicia deberían estar protegidos de todas las maneras posibles. Pero la realidad es otra. La mala imagen de la justicia y el hecho de que el salario de una parte de los trabajadores argentinos paga ganancias hace que suene injusto que los jueces estén exentos. Sobre todo, porque la ineficacia de la justicia y la crisis económica hacen que sea difícil defender ante la opinión pública la exención judicial.
“Ya se aprobó una ley hace casi dos años que supera el tema de la intangibilidad haciéndolo hacia adelante; es decir, solo los nuevos jueces pagan el impuesto a las ganancias, los nuevos fiscales, los nuevos defensores”, afirmó el ministro de Justicia Germán Garavano a A24.com.
Garavano explicó que esa ley comenzó a implementarse y que hoy hay más de 400 personas en el Poder Judicial de la Nación pagándolo y otros tantos en las provincias.
“Salió una cautelar ya hace un tiempo del juez Esteban Carlos Furnari que estableció que los que ya venían en la carrera judicial en principio no debían pagar el impuesto, entonces a ellos no se les retiene. Eso fue apelado por el ministerio de Justicia, la Cámara confirmó la cautelar de Furnari y ahora está en la Corte Suprema para resolver si los que ingresaron a la carrera de juez, fiscal y defensor pero que venían del Poder Judicial deben pagar o no. En cualquier caso vamos a un modelo gradual en el que todos paguen como se hizo en su momento en Estados Unidos”, comentó Garavano a este medio.
La voz del ministro expresa los deseos del Ejecutivo. Mientras tanto conviven varias realidades. Los jueces antiguos no pagan ganancias, los nuevos que plantearon una cautelar tampoco, pero los que no hicieron si pagan. En muchos casos, Secretarios de jueces y fiscales con mucha antigüedad en el cargo, perciben un salario mayor que el de sus jefes. Esta disparidad muestra un mapa de una discusión en la que se mezcla el oportunismo político, la inequidad tributaria y las protecciones de la Constitución. Las tres cosas conspiran contra la democracia.
En efecto, es remunerativo para la dirigencia política señalar a los magistrados cuya imagen está por el piso. Pero ese dedo oculta la discusión de fondo ¿deben los salarios pagar impuesto a las ganancias, mientras la renta financiera casi no tributa? Finalmente, ¿la discusión político partidaria admite que los dirigentes eviten hablar de lo más importante que es la barrera constitucional, relativizando en el fondo el peso de la propia Constitución?
Dos preguntas en derredor de un tema que parece sencillo, pero que en rigor de verdad encierra muchos de los dilemas de la sociedad.
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