Ese detalle es central a la hora de evaluar su situación: si el dinero no era suyo y sólo intentó esconderlo, la figura penal por la que fue condenado podría variar de enriquecimiento ilícito a encubrimiento. La diferencia de pena entre uno y otro delito es exactamente la mitad: seis años para el enriquecimiento, tres para el encubrimiento.
"Sostener que ese dinero le pertenecía a López implica decir que la simple tenencia o la simple posesión de algo no convierten en propietarios o dueños de la cosa, y a ésta como ingresada al patrimonio", refutó la defensa de López, a cargo de Pamela Bisserier.
El ex funcionario del Ministerio de Planificación durante el anterior gobierno pidió también la nulidad del allanamiento del 14 de junio de 2016 en el convento de General Rodríguez.
Se trata de otro ataque al corazón de la condena, porque si el procedimiento en el que fue hallado el dinero (y otros elementos, entre ellos un arma y relojes) fuera nulo, el resto de la causa se caería por lo que en derecho se conoce como "fruto del árbol envenenado".
Si el punto de partida de una investigación es inválido, todo lo que se deriva de éll también lo es. Ergo, no habría causa contra López.
La defensora oficial planteó la nulidad del allanamiento porque fue realizado sin que lo hubiera dispuesto un juez.
Esa ausencia no puede ser suplida -según Bisserier- por el consentimiento tácito que prestaron las monjas del convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez.
"No sólo la falta de orden judicial para allanar. El supuesto consentimiento de las monjas era insuficiente y, para colmo, fue forzado por el atemorizante avance policial".
"El consentimiento debe manifestarse expresamente al funcionario público que pretende ingresar en el domicilio. El silencio o la falta de reparos no pueden interpretarse como consentimiento para allanar", insistió la defensora.
La causa pasará ahora en revisión a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país y penúltima instancia judicial, previa a la Corte Suprema de Justicia.
López está ya cumpliendo la condena aunque en condiciones muy particulares: tras acogerse al régimen de imputado colaborador o "arrepentido" en la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, fue sacado de la prisión y trasladado a una casa segura bajo un programa de protección del Ministerio de Justicia.