Qué pasó. Un fallo dispuso que es “inconstitucional” una parte de la reforma previsional que impulsó el gobierno de Mauricio Macri en diciembre pasado y que generó protestas, marchas, violencia y detenciones en los alrededores del Congreso. En la resolución, uno de los jueces habló de la “fluctuante situación económica del país”.
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La Justicia declaró inconstitucional una parte de la reforma previsional que impulsó el gobierno de Macri
Qué significa. La Sala III de la Cámara de la Seguridad Social analizó un amparo que impulsó un jubilado llamado Miguel Angel Fernández Pastor para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.426 y del Decreto 1058/17, que la reglamentó.
El jubilado aseguró que la nueva fórmula del cálculo para disponer aumentos “es lesiva de su derecho y lo perjudica desde el momento en que reduce significativamente el porcentual de incremento de su haber jubilatorio”. En ese contexto, pidió que la aplicaran el calculó anterior y que se declare la inconstitucionalidad de la ley.
Qué contestó la Cámara de la Seguridad Social. Que la ley no podía declarar inconstitucional, pero sí su retroactividad. Esa norma disponía que el cambio de fórmula era aplicable a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del año 2017. Pero la ley se sancionó a fin de 2017. Por eso, por mayoría, se ordenó hacer de nuevo los cálculos y pagarle al jubilado la diferencia correspondiente.
En su voto, el juez Martín Laclau sostuvo que se trata de “una cuestión esencialmente política” y por lo tanto hay que evitar “la politización de la justicia” porque “iría en desmedro de la seguridad jurídica”.
Pero advirtió que “este poder discrecional acordado al legislador no lleva a legitimar cualquier medida” y si se diera el caso de establecerse pautas de movilidad que se tradujesen en una disminución desproporcionada del haber del beneficio, resulta indudable que, en esa situación, las disposiciones legales que las establecieran serían inconstitucionales”.
Laclau también aseguró que “la reciente sanción de la ley impugnada y la fluctuante situación económica por que atraviesa el país dificultan lograr la perspectiva necesaria como para poder efectuar un análisis preciso y equilibrado de las consecuencias que, en definitiva, tendrá la nueva normativa en el desenvolvimiento del haber de la prestación del actor”.
Agregó que la propia sentencia admitió que en marzo que iba a registrarse “una baja notoria en el porcentual del reajuste, y ello no es desconocido por el mismo Gobierno”.
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