Vialidad: el abogado de Lázaro Báez sostuvo que demostrará la "inocencia" del empresario (Foto: Telam).
Lázaro Báez declaró por primera vez a un año de haber comenzado el juicio conocido como “la ruta del dinero K” en el que está acusado de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Hizo un alegato político en el que señaló que lo pusieron “en una encerrona para que culpe a Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno”, entre otras cosas.
Según el expediente, Báez está acusado de “haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" para "convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013".
El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 pero los hechos investigados son de 2010. El camino judicial recorrido hasta hoy ha sido sinuoso y objeto de discusión jurídica.
El 14 de abril de 2013, cuando Cristina Fernández de Kirchner era Presidenta, Jorge Lanata difundió dos entrevistas a Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes describieron lo que luego se llamó “la ruta del dinero K”.
Según la nota, Elaskar y Fariña habían enviado al exterior alrededor de 55 millones de euros, que pertenecían al empresario Lázaro Báez y sus hijos, a través de la financiera SGI y utilizando sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales. La denuncia judicial no se hizo esperar. El juez sorteado fue Sebastián Casanello, titular del Juzgado N° 7, que después de idas y vueltas se quedó con el expediente.
El 31 de diciembre de 2015 el juez Sebastián Casanello dictó la falta de mérito de Lázaro Báez, es decir, consideró que no había pruebas para procesarlo o para sobreseerlo en uno de los hechos de lavado de dinero que se le imputan.
La causa Báez hizo la plancha hasta el 15 de marzo de 2016, cuando se difundió mediáticamente el video conocido como “La Rosadita”. Las imágenes grabadas en el año 2012 confirmaban todos los puntos que habían señalado Elaskar y Fariña a Lanata. El impacto que causó en la opinión pública la forma en que se descargaban los bolsos con dinero, desde que se contaban alrededor de 3 millones de dólares y, en particular, la escena en que Daniel Pérez Gadín y Martín Báez compartían un vaso de whisky, derivó en la aceleración del proceso.
El 8 de abril de 2016 Leonardo Fariña confesó ante el juez su participación en el hecho y brindó detalles relevantes para integrar el régimen de protección de testigos e imputados, con la esperanza de que una eventual condena en un juicio oral aminore su pena.
La difusión de las imágenes, la declaración de Leonardo Fariña y el cambio de gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 ya a cargo de Mauricio Macri transformaron la velocidad del proceso.
De inmediato se renovaron los allanamientos, cuya primera tanda ascendió a cuarenta, los llamados a prestar declaración indagatoria se sucedieron y se ordenaron espectaculares y cinematográficos procedimientos en el sur argentino con el propósito de hallar dinero escondido en los campos de Lázaro Báez y también bienes de lujo y propiedades.
Con estos nuevos vientos políticos, el 5 de abril de 2016, Báez fue detenido con prisión preventiva en el momento en que su jet privado aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. El juez de primera instancia Sebastián Casanello interpretó que como no había declarado el plan de vuelo había querido fugarse y así justificó su detención. Luego, ya en instancia de juicio oral, el TOF 4 prolongó su prisión preventiva.
Además están detenidos desde 2016 su ex contador Daniel Pérez Gadín y su ex abogado Jorge Chueco.
El 18 de abril de 2016, el juez Casanello procesó a Lázaro Antonio Báez y Daniel Pérez Gadín con prisión preventiva, junto a César Gustavo Fernández, Martín Antonio Báez, Fabián Virgilio Rossi, Walter Adriano Zanzot y Sebastián Pérez Gadín a quienes dejó en libertad. Les reprochó el delito de lavado de dinero y fue más allá: trabó embargos, intervino la firma Austral Construcciones que era la más importante de Lázaro Báez, imputó a Ricardo Echegaray, jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante las andanzas de Báez, y a otras personas que de alguna manera integraban un circuito que permitió el desarrollo de los hechos y también libró exhortos al exterior del país en busca de pruebas.
La Cámara Federal corrió las fronteras del proceso y retó al juez. Lo hicieron más de una vez. El 30 de junio de 2016 y básicamente le pidieron que siguiera el sentido común, que no limitara la causa al delito específico de “lavado de dinero” y que investigara la “íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
Pero el juez Casanello nunca pudo probar la relación de Cristina Fernández de Kirchner con esta investigación y en marzo de 2019 la Cámara Federal confirmó la falta de mérito.
Hoy, a veinte días de que asuma la fórmula “Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner” al poder, Lázaro Báez rompió el silencio y denunció persecución política. Estos hechos deberán ser investigados y los magistrados determinar hasta qué punto inciden en el proceso en su contra.
El veredicto de este juicio será recién en 2020 con la nueva administración.
Báez lleva más de tres años y medio detenido con prisión preventiva sin condena. Ahora se ilusiona, no es el único, con llegar al final de juicio en libertad tras la nueva reglamentación de la prisión preventiva que, en los hechos, significa el fin de la “Doctrina Irurzun” y, en consecuencia, la limitación de la discrecionalidad de los jueces para encarcelar personas.
Final abierto.
