La Cámara Federal, el tribunal que define la suerte de las causas de corrupción, quedó hoy aún más vacío: el presidente Mauricio Macri firmó el decreto para que el juez Eduardo Farah se vaya a otro fuero, apenas 24 horas después de que su colega Jorge Ballestero presentara su renuncia.
Ballestero y Farah habían afrontado la tormenta después de haber firmado el fallo que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el no pago de 8 mil millones de pesos a la AFIP en impuesto al combustible.
No solo Cristóbal y De Sousa volvieron a prisión por el delito de defraudación, sino que los jueces que lo liberaron salieron eyectados de Comodoro Py. Ballestero espera que, como le prometieron, se apruebe su jubilación –que ya le salió en el Anses-, y Farah vivirá tiempos más tranquilos en un tribunal oral penal económico hasta que le salga un traslado a los tribunales de San Martín.
Con la salida de Farah y Ballestero, la Cámara Federal quedará solo con dos de los seis jueces que tiene previsto: Martín Irurzun, en la Sala II; y Leopoldo Bruglia, en la Sala I, a la espera de que en breve llegue Mariano Llorens –que espera el aval del Senado-.
El Gobierno impulsa el traslado (¿momentáneo?) de Pablo Bertuzzi, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 4 que está juzgando a Julio De Vido por Once, a Amado Boudou por Ciccone y tiene en espera a Lázaro Báez por la ruta del dinero K.
Un detalle que no deja llamar la atención en los pasillos de tribunales: con esto quedaron afuera de la Justicia los magistrados que impulsaron la acusación contra Mauricio Macri en el expediente que investigó una asociación ilícita para escuchar conversaciones de enemigos y empresarios.
Ya no están más ni Norberto Oyarbide –que instruyó la causa y ahora enfrenta una causa penal por enriquecimiento ilícito-, ni los jueces que revisaron su actuación en la Cámara Federal: Eduardo Freiler –destituido y al que también se investiga el origen de sus bienes-, ni Ballestero ni Farah.
Macri quedó sobreseído en esa investigación apenas llegó a la Casa Rosada, mientras que el resto de la supuesta banda espera juicio oral para el año próximo. Pero los que quedaron afuera fueron los promotores de aquella causa en donde siempre se sospechó la mano de espías por entonces amigos del Gobierno de Kirchner.
