A pesar de algunas buenas voluntades, los tres expedientes en los que se investiga la condonación del Estado argentino (durante el Gobierno de Mauricio Macri) de una deuda de más de 70 mil millones al Correo Argentino (de la familia Macri) avanzan, pero hacia la impunidad. Así la pregunta que surge es si esperar, como siempre, que la justicia investigue una vez que Macri haya dejado el poder.
Una de las investigaciones, la administrativa, fue cerrada este martes por Gabriela Michetti. El Gobierno publicó en el boletín oficial que la vicepresidenta rechazó la apelación del fiscal de la PIA Sergio Rodríguez en el que pedía seguir investigando si el Gobierno cometió irregularidades en la aceptación de la oferta del Correo Argentino para pagar su deuda. Rodríguez había apelado la decisión del procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías de descartar la investigación.
En febrero de 2017 el fiscal Rodríguez le había pedido a la Procuración del Tesoro, cabeza de los abogados del Estado, que abriera una investigación sobre el rol de los abogados que intervinieron en el acuerdo entre el Correo y el Estado argentino. El entonces procurador del Tesoro Carlos Balbín le dio curso a la investigación, pero el 21 de abril de 2017 día que firmó una auditoría clave sobre el Correo le pidieron la renuncia. Fue en ese entonces que asumió en su lugar Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio jurídico incluyó al Grupo Macri en su cartera de clientes.
Paralelamente, sobre la causa penal que está en manos del juez Ariel Lijo y en la que están imputados Macri y el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa Oscar Aguad no se conocen noticias desde hace más de un año. En este newsletter llamamos la atención más de una vez acerca de lo sugestivo que fue que justo Lijo haya sido “perdonado” en una investigación por la compra de un terreno en Dolores y la posterior construcción del Haras la Generación por la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura.
También destacamos la coincidencia de que cuando el fiscal Juan Pedro Zoni pidió unas medidas de prueba fue trasladado, más allá de su discutible designación. A pesar de que, por el impulso de Elisa “Lilita” Carrió, el consejero Mario Pais tiene una nueva denuncia en contra de Lijo por su evolución patrimonial hasta el momento se observó una simbiosis entre lo que pasaba en el Consejo de la Magistratura y en la causa del Correo, que dicho sea de paso, desde que trasladaron a Zoni cayó en manos del fiscal Gerardo Pollicita. Quizás con él la suerte de la familia presidencial cambie. O, como se escucha por Comodoro Py, que Pollicita también sea reemplazado por otro fiscal federal. Pasaría en ese caso a ser el tercero en intervenir sobre el mismo expediente...
La tercer causa sobre el Correo es en la que se investiga la deuda de la empresa y que está en el fuero comercial en manos de la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín. Esta fiscal es quien pidió rechazar el acuerdo por “abusivo y perjudicial” (lo cual llevó al gobierno a retirar la propuesta tras la polémica que se armó) intenta contra viento y marea avanzar. Sin embargo, tanto la burocracia judicial como los mensajes que le envían desde los tenebrosos sótanos del poder se lo impiden.
Desde que arrancó este espacio venimos contando las mismas cosas alrededor de estos tres expedientes. Un puñado de buenas voluntades que no alcanzan para frenar el manto de impunidad que le da el Poder Judicial argentino a los poderosos de turno mientras al mismo tiempo persigue a los que ya cayeron.
En este caso además, se mezcla como nunca el Estado y el gobierno, casi un pecado capital para los filósofos que pensaron el Estado Nación como un aparato capaz de organizar la vida en común por encima de los intereses particulares.
