Este lunes a partir de las 10 se producirá un hecho histórico en la justicia argentina: por primera vez una ex presidenta y vicepresidente electa deberá declarar en un juicio acusada de ser la jefa de una asociación ilícita por 51 hechos de obras públicas en Santa Cruz.
Estas obras van desde el 2003 al 2015 y fueron otorgadas a empresas del conglomerado de Lázaro Báez “cuyas irregularidades van desde las licitaciones a los sobreprecios de obras que en su mayoría no se terminaron”.
Es un evento político sin tiene precedentes y Cristina Fernández pidió que fuese televisado por la TV Pública algo que le fue denegado por medio una resolución del Tribunal Oral Federal 2 al señalar que el juicio será transmitido -como en el resto de las audiencias- por el canal del Centro de Información Judicial.
Se trata del comienzo de una nueva etapa judicial que se enmarca en una discusión sobre las prisiones preventivas a partir del dictamen de la Comisión Bicameral del Congreso que fija restricciones para las detenciones de los imputados en los procesos. Pretende así reducir la aplicación de la "doctrina Irurzun” y la discrecionalidad de los jueces a partir para fijar los riesgos de peligro de fuga y entorpecimiento de las investigaciones.
Esta disputa se da en medio de un cambio de fondo en la Justicia Federal en donde se propone reducir la acción de los jueces federales a partir de un sistema acusatorio con más protagonismos para los fiscales. Y se suma a los embates sobre el denominado Lawfare (guerra jurídica) que intenta instalar la idea de que los detenidos por hechos de corrupción son perseguidos políticos.
Según pudo saber A24.com a partir de fuentes cercanas a la investigación, mañana Cristina Fernández se unirá a este unívoco argumento político en su larga defensa frente al tribunal Oral 2 integrado por los jueces Rodrigo Jimenez Uriburu, Jorge Luciano Rodriguez, Adrián Fabián Basso y el fiscal del juicio Diego Luciani en la Sala AMIA en Comodoro Py.
No responderá preguntas (como el resto de los imputados hasta acá, incluyendo a Lázaro Báez) y remarcará la idea de “un gobierno (el actual) que se dedicó a perseguirla para intentar sacarla de la cancha pero que no lo logró” y que esto se pudo visualizar en las recientes elecciones.
Cristina estará acompañada por su abogado Carlos Beraldi quien logró que su defendida sea la última en declarar en esta ronda de indagatorias. Al inicio de este juicio estaba previsto que Cristina declare primero (antes de las elecciones) pero logró ser la última. “Aún así, diga lo que diga, el primer juicio en su contra tendrá sentencia recién a mediados del 2021” confirmó uno de los funcionarios judiciales que es parte de la causa.
