Qué pasó. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la inhibición de bienes de un empresario y apuró al juez federal Sebastián Casanello a definir su situación, en una de las causas que investiga la operatoria de Odebrecht en la Argentina.
Qué pasó. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la inhibición de bienes de un empresario y apuró al juez federal Sebastián Casanello a definir su situación, en una de las causas que investiga la operatoria de Odebrecht en la Argentina.
Contexto. La noticia se conoce en momentos en que la Justicia le prohibió la salida del país a J.E.R., que presuntamente formó parte del entramado de coimas otorgadas por la constructora brasileña a funcionarios kirchneristas del entonces Ministerio de Planificación.
La causa. Hay varias causas que investigan la operatoria de Odebrecht. En esta se investiga el direccionamiento de licitaciones llevadas adelante por AySA para la adjudicación de obras y el pago de sobornos a funcionarios públicos como consecuencia de esas contrataciones. Las maniobras indicadas se habrían llevado a cabo entre, al menos, los años 2007 y 2014, canalizando el pago de sobornos a través de firmas offshore.
En Casación. En una resolución firmada hoy por la Cámara de Casación Penal y a la que accedió A24.com, los jueces Liliana Catucchi, Ernesto Riggi y Carlos Alberto Mahiques rechazaron el planteo de la defensa.
"Se torna de momento razonable y ajustado a derecho convalidar la inhibición general de bienes decretada respecto de J.E.R. En particular, en un caso como el presente, donde se observa que durante la investigación instructora se han llevado a cabo múltiples medidas tendientes a delimitar la primigenia hipótesis (...) y a través de los elementos de prueba colectados se ha ido logrando ratificar la verosimilitud del derecho que se pretende resguardar".
Pero además, Casación aseguró: "Han pasado aproximadamente ocho meses desde que la diligencia fue dispuesta -data del 25 de agosto de 2017- y que aún se encuentra bajo análisis (...), entendemos conveniente exhortar al órgano jurisdiccional interviniente para que en el plazo más breve se defina la situación del encausado procurando de ser posible la estimación del perjuicio, a fin de ajustar y discernir la medida cautelar procedente".