En otro tramo de sus declaraciones, Kicillof cuestionó el operativo de seguridad desplegado durante las manifestaciones que se realizaron el jueves frente al Congreso, mientras el Senado debatía el proyecto.
"Es lamentable la represión policial. Se trata de un acto político en el que golpean a la gente y utilizan gases contra quienes se manifiestan", expresó. A su entender, la movilización había sido convocada por numerosos sectores sociales y luego se intentó instalar la idea de que se trató de una protesta violenta.
El gobernador también vinculó el incremento del endeudamiento de los hogares con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Al referirse al aumento de la mora entre las familias argentinas, aseguró que la responsabilidad recae sobre las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo nacional.
"El lío lo armó Milei, no es que la gente se endeude irresponsablemente, sino que los ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos. Con tres clics cualquier persona puede endeudarse por las condiciones financieras actuales", afirmó. Luego cuestionó el modelo económico de Milei al preguntarse: "¿Para quién gobiernan? Para la timba".
El Senado aprobó en general la ley de propiedad privada
Después de más de diez horas de debate, el Senado otorgó media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos afirmativos y 33 negativos. Durante la discusión, el oficialismo debió retirar dos de los puntos más resistidos para garantizar el respaldo necesario.
Primero dejó de insistir con la flexibilización de los límites para la compra de tierras productivas por parte de extranjeros y, posteriormente, eliminó las modificaciones previstas a la Ley de Manejo del Fuego, luego de que varios bloques provinciales y legisladores patagónicos anticiparan su rechazo.
Con esos cambios, la iniciativa quedó reducida a cuatro capítulos. Entre ellos, incorpora un procedimiento sumarísimo para los desalojos vinculados con usurpaciones y ocupaciones ilegales, además de establecer un plazo de diez días hábiles para desocupar un inmueble en casos de incumplimiento en el pago del alquiler.
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones, imponiendo mayores exigencias para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública. A partir del texto aprobado, deberá justificar de manera específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta necesaria, adecuada y proporcional antes de avanzar sobre una propiedad privada.
