“El fiscal designado para sustituir a Zoni fue Gerardo Pollicita, quien habría trabajado para el presidente Macri cuando éste ostentaba el cargo de presidente del club Boca Juniors, añade el texto.
Pero no sólo Zoni se vio afectado por la situación que involucra a la familia del presidente, Mauricio Macri. Según el dossier, “se desarrollaron diversas estrategias para apartar a la fiscal Gabriela Boquín del caso y desgastarla mediáticamente”.
El informe hace hincapié en lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura, donde “la coalición gobernante habría obtenido una mayoría política en el Consejo de la Magistratura a partir de la designación del diputado Pablo Tonelli” y mediante ese poderío “el poder ejecutivo utilizaría la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses”.
En tanto otra comisión, la de Selección, “paraliza los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno y traslada magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos en la legislación, tales como la competencia material y a jurisdicción territorial”.
El texto alude a las irregulares designaciones por decreto de los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti y fustiga "el ataque a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó".
"La actual administración y otros actores solicitaron repetidas veces su renuncia e intentaron su destitución utilizando diversas estrategias para lograr su objetivo: presiones para que dejara el cargo, amenaza de vulnerar la estabilidad del Ministerio Público Fiscal, declaraciones sobre la intención de llevar a cabo reformas institucionales por decreto de necesidad y urgencia, intentos de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público e inicio de acciones judiciales por parte de ONGs afines al gobierno nacional”.
Así, buscaron “modificar la estructura el ministerio Público fiscal socavando la autonomía e independencia del órgano y particularmente anular la figura de la procuradora Gils Carbó”.
El trabajo advierte sobre la designación del juez Juan Manuel Culotta como interino para las elecciones de medio término de 2017: "fue arbitraria y discrecionalmente seleccionado por el Consejo de la Magistratura para suplir a la jueza Servini de Cubria. (...) La designación de Culotta en marzo de 2017 incrementó su competencia territorial a toda la provincia de Buenos Aires, otorgándosele competencia en materia electoral, pa5a la cual no había concursado y para lo cual su capacidad no había sido evaluada por los órganos públicos”.
El reporte destaca que “Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el Dr. Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación”.
En el mismo sentido, el informe cuestiona “la designación ilegal del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal” y en iguales términos, la “designación ilegal del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”. Además, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, "sería una persona cercana a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y al presidente Macri”.
A todo eso suma el “ataque” a jueces y abogados del fuero laboral: “el ejecutivo y miembros de su coalición política habrían realizado un ataque sistemático contra magistrados del fuero laboral que dictan sentencias contrarias a los intereses gubernamentales, así como contra los abogados del fuero laboral, en sintonía con los principales medios de comunicación, quienes también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificaría al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses”.
En igual contexto, "los magistrados que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en 2016 fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento".
La veintena de páginas dedica varios párrafos a las embestidas que sufre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a cargo de una investigación por presunta asociación ilícita en la que aparece como principal imputado el falso abogado Marcelo D’Alessio.
