Stornelli dio por acreditada en esta etapa “la existencia de intercambios ilegales en el período 2003-2007 durante la ejecución de los contratos de concesiones viales".
Bajo esa premisa, el fiscal propuso el juicio de los empresarios Marcela Stenberg, Patricio Gerbi, José Darío Clebañer, Obdulio Barbeito, Miguel Aznar, Juan Manuel Collazo, Juan Marcos Perona, Marcelo Marcuzzi, Jorge Stocker, Oscar Glikstein, Ángel García y Miguel Ángel Marconi.
En esta causa estuvo procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero la Cámara Federal resolvió a fines de octubre pasado revocar esa medida y cambiarla por “falta de mérito”.
En ese contexto, tal como informó A24.com, el tribunal levantó una de las prisiones preventivas firmadas por el juez Bonadio y también dejó sin efecto un embargo por 700 millones de pesos.
La causa se disparó por la declaración de Uberti como arrepentido en la Causa Cuadernos. Allí sostuvo que en 2003, apenas asumido el gobierno de Néstor Kirchner, De Vido le dijo: “Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan porque si no el presidente no va a firmar” las renegociaciones de los peajes.
Sobre esa base, Stornelli concluyó que De Vido le encargó a Uberti que “desarrollara la recaudación ilegal dentro de los contornos del OCCOVI”.
Y por eso consideró, en esta etapa, que “deberá responder como coautor del delito de cohecho pasivo reiterado en seis oportunidades, hechos estos que concurren realmente entre sí y con el rol de organizador de la asociación ilícita que le fuera adjudicado en la ya elevada a juicio".