La Cámara Federal de Casación confirmó al juez Marcelo Martínez de Giorgi en una causa iniciada por María Alejandra Artacho, una mujer que dice haber sido perjudicada por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender mediante una supuesta maniobra de desapoderamiento de un local comercial, en el contexto del expediente “Misión Sueños Compartidos”.
El juez de Casación Mariano Borinsky rechazó una recusación planteada por Artacho –a través de su abogado, el ex juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia- contra Martínez de Giorgi por presunta falta de imparcialidad.
El expediente está en camino a la etapa de juicio oral, con una lista de acusados que incluye a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; los hermanos Schoklender y los ex funcionarios Abel Fatala y José López, entre otros. La denuncia de Artacho es, en rigor, un desprendimiento de la megacausa Sueños Compartidos y consiste en una inversión personal con los Schoklender para un emprendimiento gastronómico.
Artacho hipotecó su casa para aportar dinero a una sociedad con los Schoklender para abrir un restaurante en el barrio porteño de San Telmo, en la calle Defensa al 700. El emprendimiento gastronómico no funcionó, pero su casa pasó a figurar como propiedad de la firma Antártica Argentina, que pertenecía a los Schoklender.
Artacho dijo que fue la gerenta del restaurant y los inversores iniciales fueron Sergio y Pablo Schoklender y Enrique Rodríguez, ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Carlos Menem y ex ministro de Producción en el de Jorge Telerman en la Ciudad de Buenos Aires.
El episodio del restaurante fue uno más de los hechos bajo investigación en la causa por defraudación mediante la construcción de viviendas sociales y otras obras de infraestructura de la Misión Sueños Compartidos, bajo la organización de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Martínez de Giorgi rechazó en dos oportunidades a Artacho como querellante y le decretó la nulidad de su pedido de elevación a juicio oral. Según el abogado Tiscornia, el juez federal “dictó tres resoluciones teñidas de nulidad absoluta” en su perjuicio, apartándolo en dos oportunidades del rol de querellante y anulando el requerimiento de elevación a juicio formulado por esa parte”.
Sin embargo Artacho fue aceptada como querellante y el próximo 30 de octubre habrá una audiencia para decidir si, además, podrá actuar en tal carácter en el juicio oral, cuya fecha aún no ha sido fijada.
