Corte Suprema: entre las desconfianzas, los conflictos de intereses y la posible llegada de Alberto Fernández al poder

Independientemente de la la existencia de la supuesta denuncia penal, hay al menos dos grandes temas que se desprenden del comportamiento de Rosenkrantz que preside unos de los poderes del Estado. Uno de ellos tiene que ver con el eterno conflicto de intereses a la que aparece condenada la función pública en nuestro país. Los casos que cité anteriormente demuestran que esa peculiaridad atraviesa a muchos funcionarios importantes. En efecto, ellos asumen el ejercicio de la función pública y también son fieles custodios de sus intereses privados.

En general el foco se pone en el Ejecutivo. Los casos del “Correo Argentino” o el de los “Parques Eólicos” son muy elocuentes. No obstante, la costumbre se extiende a la Justicia. Carlos Rosenkrantz, además, llegó a la Corte como el portador de la impronta judicial macrista y con sus vínculos personales y su trayectoria profesional y académica. Encarnaba, si se quiere, el “modelo” opuesto a la Corte “Lorenzetti”. Los avatares de su rol en la Corte, sea cual fuese el resultado de esta trama, constituye un síntoma de época.

En segundo lugar, la sola existencia del rumor sobre que el presidente de la Corte de la era Macri podría llegar a ser investigado penalmente durante una nueva gestión política describe un rasgo obvio y preocupante de nuestra república: cada vez que hay elecciones, pasan cosas en la Justicia.

Pasan cosas, irónicamente, quiere decir que tiemblan los cargos político/judiciales, que son los que de alguna manera pueden fijar las grandes líneas de gestión del sistema judicial. Ello no debería ser así porque la Constitución no prevé que el cambio de gobierno derivado de elecciones tenga dichos efectos en el campo de la Justicia.

Es que casi todos los gobiernos quieren “una Corte diferente”. Salvo durante la breve gestión de Gustavo Beliz como ministro de Néstor Kirchner, que eligió el camino de la ley -aunque contaba con un terreno tan pero tan fértil como la “Corte Nazareno”, la regla no escrita dice que los presidentes tienden a cambiarla. El gobierno de Mauricio Macri no ha escapado a esa lógica.

El fiel ejemplo es la designación en diciembre de 2015 de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto. Después lo corrigió. Pero fue una poderosa marca de agua en la política de Cambiemos frente a la Justicia. Aún no se calibraron con la debida atención los efectos políticos de ese mensaje dentro del aparato judicial. Pero esto, básicamente, mostró la intensidad y el camino que recorrería “Cambiemos” para intervenir en el formato de la justicia.

Aquel decreto de 2015 tiene demasiados puntos de contacto con el traslado del fiscal Juan Pedro Zoni que investigaba el caso del “Correo Argentino” que dispuso el Procurador interino Eduardo Casal. Más allá de ello, lo cierto es que la gestión macrista buscó “su” Corte.

Aunque aún los argentinos no elegimos nuevo presidente, desde que la fórmula Fernández Fernández se impuso en las PASO, aparecieron preguntas sobre qué va a pasar en el máximo tribunal del país. El interrogante no debería ser parte de la agenda, pero de hecho lo es. Fuentes supremas consultadas por este espacio reiteran que Alberto Fernández “cae bien”, que ven una transición complicada y que por ello deben cooperar. Nadie se anima a expresar en blanco sobre negro que harán los Fernández si efectivamente son electos.

Pesa sobre ellos la marca de las leyes de democratización judicial que impulsó Cristina Kirchner. También la gestión de Beliz que logró “autorecortar” las facultades del presidente para nominar a los jueces supremos y bajo cuyo ministerio se nombró a la prestigiosa Corte que reemplazó a la de la mayoría automática menemista. Alberto Fernández era por entonces el jefe de gabinete. Estos dos hechos tornan más brumosa cualquier especulación. Pero, lo importante para la salud republicana pasa por otro lado.

Supongamos, como dicen la mayoría de los expertos, que Alberto Fernández es honrado por los ciudadanos con el cargo de presidente. En ese caso, asumiría con muchos problemas por delante. La Justicia decididamente sería uno de ellos. Además, el tenor de la crisis judicial aumenta proporcionalmente las chances de intervención. Sobre todo, porque la sociedad reclama desde hace tiempo una regeneración institucional que el macrismo no atendió.

En esas condiciones, la pregunta es si el binomio Fernández imitará a Ulises que se ató al mástil para resistir la tentación derivada del canto de las sirenas, o bien, si utilizará el contexto crítico para meter mano y tener, una vez más, “su” Corte Suprema.