Los avances en las tres causas que complican a Manuel Adorni en Comodoro Py

Por su parte, la fiscal federal Alejandra Mángano tiene delegada por el juez Daniel Rafecas la investigación sobre el viaje oficial en el avión presidencial a Nueva York, en el que habría participado la esposa del jefe de Gabinete. En ese marco, envió un oficio a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que informe quiénes integraron la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei durante el evento Argentina Week.

La tercera causa por enriquecimiento ilícito recayó en el juzgado de María Servini, quien según fuentes judiciales analiza si corresponde acumular este expediente con la investigación que lleva adelante Lijo.

Mientras tanto, el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), abrió un expediente de oficio para analizar los hechos que cuestionan el accionar de Adorni. Si se detectan elementos de sospecha, podría impulsar una nueva denuncia penal.

¿Cuáles son las sospechas?

El caso tomó impulso a partir del episodio en el que Adorni llevó a su esposa en el avión presidencial rumbo a Nueva York. A partir de allí, se presentaron denuncias en los tribunales de Comodoro Py por parte de los diputados nacionales Marcela Pagano, Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, junto con el abogado Gregorio Dalbón.

Las sospechas se concentran en una serie de presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos sustracción de caudales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, dádivas y enriquecimiento ilícito. Para estos delitos, el Código Penal prevé penas que van de seis meses a diez años de prisión.

Los expedientes aún se encuentran en una etapa embrionaria. Se enfocan en distintos hechos: el viaje en el avión presidencial con motivo de la “Argentina Week” en Estados Unidos, un vuelo privado a Punta del Este y una presunta propiedad no declarada en Exaltación de la Cruz.

Por el momento, la pesquisa se basa en el contenido de las denuncias y en la recolección de pruebas para determinar si existen elementos suficientes para imputar a Adorni y llamarlo a indagatoria.

Las presentaciones cuestionan que, en el viaje a Nueva York, la presencia de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial no habría estado motivada por funciones públicas ni por actividades institucionales propias de la misión oficial, sino por razones de carácter personal.

Para sustentar la acusación, los denunciantes citan el Decreto N° 712/2024, que establece que las aeronaves públicas no pueden ser utilizadas para actividades ajenas a su función esencial al servicio del Estado, ni para usos equiparables a los de una aeronave privada.

En ese sentido, el propio Adorni afirmó que la presencia de su cónyuge respondió a un motivo personal: quería que lo acompañara como su “compañera de vida”.

Las disculpas públicas del jefe de Gabinete no resultaron suficientes para determinar si la presencia de Bettina Angeletti en el vuelo oficial y su alojamiento en el mismo hotel de la comitiva implicaron algún gasto para el Estado o el incumplimiento de normas vigentes.

En cuanto al viaje a Uruguay, se busca determinar si el traslado se pagó con fondos públicos o privados y si el origen del dinero está debidamente justificado o podría vincularse con delitos como dádivas o tráfico de influencias.

El traslado del jefe de Gabinete, su familia y el empresario Marcelo Grandío a Punta del Este se realizó en un jet privado contratado a la empresa Alpha Centauri S.A., con salida desde el aeropuerto de San Fernando.

La empresa aérea presentó ante la Justicia documentación que indica que por el tramo de ida se pagaron 4.830 dólares en su equivalente en pesos. La factura figura a nombre de la productora IMHOUSE S.A., vinculada al quinto pasajero del vuelo, Marcelo Grandío.

El propio Grandío dio declaraciones contradictorias al afirmar públicamente que el viaje habría sido abonado por Adorni con fondos del Estado.

El regreso desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando es otro de los puntos bajo análisis. El vuelo aparece incluido dentro de un paquete de diez traslados contratados a nombre de Agustín Issin Hansen, con domicilio en Uruguay.

Issin Hansen figura como quien compró en efectivo ese paquete por 42.250 dólares, uno de los cuales habría sido utilizado por el jefe de Gabinete. No obstante, aclaró que él solo emitió la factura y que el vuelo fue reservado y abonado por Marcelo Grandío.

En paralelo, la Justicia busca identificar a la persona que filmó a Adorni abordando junto a su familia el avión privado rumbo a Punta del Este a mediados de febrero.

En la Casa Rosada sostienen que se trataría de una empleada de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) con militancia política. Fuentes judiciales, en tanto, remarcaron que no se trata de un delito registrar en video a una persona pública en un ámbito público.

La casa en el country

La diputada Marcela Pagano amplió su denuncia contra Adorni por una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, que no figura en la declaración jurada del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

Según la acusación, se trata de una casa de dos plantas en un predio que cuenta con canchas de golf, tenis, fútbol y caballerizas, valuada entre 130.000 y 250.000 dólares. Además, señala que el registro de pago de expensas está a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.

La presentación de Pagano se suma a otras denuncias vinculadas al vuelo privado a Punta del Este y a presuntos contratos de la consultora de su esposa con empresas proveedoras del Estado.