En las últimas horas, la diputada Marcela Pagano anunció que decidió ampliar la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de nuevos elementos surgidos en una investigación sobre su patrimonio.
La presentación judicial suma nuevos elementos contra el jefe de Gabinete y apunta a inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Nueva denucnia contra Manuel Adorni por una propiedad no declarada en un country
En las últimas horas, la diputada Marcela Pagano anunció que decidió ampliar la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de nuevos elementos surgidos en una investigación sobre su patrimonio.
La nueva presentación incorpora datos sobre la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con lo expuesto, esa propiedad no habría sido incluida en las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
La ampliación fue presentada ante el Juzgado Federal N° 1 en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Allí, Pagano sostiene que existen testimonios que indican que Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, habrían construido una casa dentro de ese barrio cerrado, considerado de alta gama.
El inmueble, siempre según la denuncia, estaría ubicado cerca del hoyo 17 de la cancha de golf del predio y tampoco figura en los registros oficiales presentados por el funcionario. Además, se menciona que las expensas de uno de los lotes del country habrían comenzado a aparecer a nombre de Angeletti, lo que podría sugerir un vínculo con la propiedad.
En ese contexto, la diputada también puso el foco en las declaraciones juradas de Adorni. La última, correspondiente a 2024 y presentada en agosto de 2025, incluye únicamente dos inmuebles: un 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata. No hay registros de bienes en countries o barrios cerrados.
El escrito también señala que el nivel de gastos atribuido al funcionario, como viajes internacionales y consumos con tarjeta, no sería consistente con los ingresos declarados, lo que forma parte de la investigación en curso.
A partir de estos elementos, la denuncia contempla posibles delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de la ley de ética pública.
Por ese motivo, se solicitaron distintas medidas de prueba, entre ellas informes a organismos públicos, entidades financieras y la administración del country, así como una inspección en el lugar y declaraciones testimoniales.
Cabe recordar que la Justicia ya había iniciado una investigación previa contra Adorni tras una primera denuncia de Pagano, en la que se advertía la falta de presentación de su declaración jurada correspondiente a 2025.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, con foco en el viaje que realizó a Punta del Este. Entre los pedidos, requirió la declaración testimonial de Marcelo Grandio, un allegado al funcionario que hizo referencia pública a ese traslado, para que aporte más detalles sobre cómo se organizó.
Además, el Ministerio Público Fiscal pidió información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre el vuelo y a la Aduana para determinar si existieron controles vinculados al viaje.
Otro de los puntos clave es establecer la trazabilidad del dinero utilizado, es decir, cómo se abonaron los más de 3.800 dólares que, según Adorni, correspondían a su parte.
En ese sentido, el fiscal busca determinar si hubo factura, si se utilizó efectivo y si esos movimientos fueron debidamente declarados.
Sin embargo, como la causa no está delegada, será el juez Ariel Lijo quien deberá definir si avanza con estas medidas. También se contempla la posibilidad de que el propio funcionario se presente de manera espontánea para aportar documentación que respalde los gastos.
