Pedro Sánchez en su peor momento: la justicia procesó a su esposa por cuatro causas de corrupción

El origen de la investigación

La investigación se originó en 2024 a partir de una denuncia impulsada por la organización Manos Limpias (que Sánchez descalificó como “de derechas”) y fue creciendo con nuevas acusaciones y líneas de investigación. El eje del caso está puesto en la actividad profesional de Gómez, especialmente en su rol en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y sus vínculos con empresas privadas.

Según el juez, la esposa del presidente habría utilizado su posición y su cercanía con el poder político para impulsar proyectos propios y generar beneficios económicos, en algunos casos con participación de terceros, como el empresario Juan Carlos Barrabés y una asesora de Moncloa.

Del otro lado, tanto la defensa como el Gobierno rechazan de plano las acusaciones. En Moncloa hablan de una instrucción “polémica” e incluso cuestionan la imparcialidad del proceso, mientras que la Fiscalía también había pedido, en distintos momentos, el archivo de la causa.

Las causas por las que el juez la acusa

El auto judicial es claro: Juan Carlos Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos principales:

• Tráfico de influencias: el juez sostiene que Gómez se habría valido de su relación con el presidente para influir en decisiones públicas o administrativas en favor de intereses privados.
• Corrupción en los negocios: se investiga si intervino en operaciones o relaciones empresariales con la obtención de beneficios indebidos a partir de su posición institucional o académica.
• Malversación de fondos públicos: el magistrado apunta al posible uso irregular de recursos públicos en actividades privadas vinculadas a sus proyectos.
• Apropiación indebida (de marca o software): una de las líneas más sensibles es la presunta utilización o apropiación de activos —como tecnología o desarrollos— ligados a la universidad donde trabajaba.

Un caso político y judicialmente explosivo

El avance hacia el juicio no solo tiene consecuencias judiciales: también reconfigura el escenario político en España. El caso se convirtió en uno de los principales focos de desgaste para el Gobierno de Sánchez, con la oposición —especialmente el Partido Popular y Vox— que utilizan la causa como eje de crítica permanente.

Al mismo tiempo, desde el oficialismo denuncian una persecución judicial y remarcan que la causa nació a partir de denuncias basadas en recortes de prensa, algunas de ellas cuestionadas.

Otro punto de controversia es el propio accionar del juez. A lo largo del proceso, distintas decisiones de Peinado fueron apeladas o discutidas, y su instrucción fue calificada por sectores del Gobierno como "irregular" o "excesiva".

Más allá de la disputa política, lo concreto es que el caso entra ahora en una etapa decisiva. Las partes tienen plazo para presentar sus escritos finales antes de que se defina formalmente la apertura del juicio oral.

Si el proceso avanza, será la primera vez que la esposa de un presidente en ejercicio en España enfrente un juicio por delitos de esta gravedad, lo que convierte al caso en un hecho sin precedentes recientes en la política del país.

El desenlace todavía es incierto, pero el impacto ya es evidente: el expediente judicial dejó de ser solo una investigación para transformarse en un problema político de primer orden, con consecuencias que pueden ir mucho más allá de los tribunales.

Begoña Gómez, nunca dio explicaciones en la Justicia. Cada vez que fue citada, o no compareció o se negó a declarar. Tampoco lo hizo Pedro Sánchez ante una comisión del Senado a la que dijo que iría -acompañado por su esposa, si fuera necesario- pero nunca lo hizo.

La caída en la imagen de Sánchez

Además, el pronunciamiento del juez llega en un momento pésimo para Pedro Sánchez. Su imagen entre los votantes es la más baja desde que llegó al poder ----este año hay elecciones generales, en un plazo máximo hasta el 22 de agosto- y su alianza de gobierno se ha resquebrajado. Tanto con los nacionalistas vascos como con los exetarras, ahora convertidos en el partido político Bildu. Pero peor lo tiene con sus socios controvertidos de Unidas Podemos, a la izquierda de Sánchez, con quienes formó gobierno en 2022, cuando el Partido Popular había sido la fuerza más votada en España.

Y, sobre todo, Sánchez ha pagado un alto precio por haber acordado una amnistía con los separatistas catalanes que decretaron irregularmente la independencia de Cataluña. Carles Puigdemont, el líder de los independentistas, huyó a Bélgica y pactó la amnistía -una medida sin precedentes recientes en España- con Sánchez. Sin embargo, los independentistas nunca aceptaron plenamente los acuerdos y solo le trajeron desgaste político al presidente del Gobierno español.