La Justicia investiga adjudicaciones irregulares que involucran al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización Santos Cerdán, quien fue imputado y deberá declarar el 30 de junio. También se requisaron oficinas de Transportes, ADIF y Carreteras.
El primer ministro español trató de aclarar el caso de corrupción en una conferencia de prensa. (Foto: REUTERS/Nacho Doce).
La trama de corrupción que sacude al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando agentes de la Guardia Civil allanaron la sede nacional del partido por orden del Tribunal Supremo. El procedimiento forma parte de una investigación por presuntas coimas en licitaciones públicas durante la gestión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán.
La medida fue dispuesta por el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente, que rechazó ordenar un registro completo del edificio del PSOE y del despacho de Cerdán por considerarlo, por ahora, una medida “limitativa de derechos” sin utilidad procesal. En cambio, el magistrado instruyó a la fuerza a acceder a todos los correos corporativos utilizados exclusivamente por Cerdán, ya que habría compartido esas cuentas con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, también investigado en la causa.
La investigación judicial apunta a una presunta red de sobornos relacionada con la adjudicación de contratos públicos, y tiene en la mira a Cerdán, a su antecesor en la Secretaría de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al mencionado García. Según la hipótesis de los investigadores, estos tres actores habrían favorecido a empresas a cambio de pagos ilegales.
Además del operativo en la sede del partido, la Guardia Civil se presentó en otras dependencias oficiales: el Ministerio de Transportes —actualmente a cargo de Óscar Puente—, la Dirección General de Carreteras y las oficinas de ADIF, la entidad pública que administra infraestructuras ferroviarias. En todos los casos, los agentes actuaron bajo requerimiento judicial, sin realizar registros, y accedieron a la documentación y sistemas informáticos solicitados.
Desde el Ministerio de Transportes reiteraron su “máxima disposición” a colaborar con la investigación. El juez solicitó, entre otros elementos, el clonado del correo electrónico que utilizaba Ábalos durante su gestión como ministro, y documentación referida a cinco contrataciones bajo sospecha.
En paralelo, el magistrado ordenó investigar el patrimonio de Cerdán y amplió la causa a cinco empresarios que podrían haber pagado sobornos por obras públicas. Una de las adjudicaciones en la mira es la del puente del Quinto Centenario, en Sevilla, cuyo presupuesto inicial de 71 millones de euros habría ascendido a 103 millones.
Según el auto judicial, Cerdán deberá declarar ante el Supremo el próximo 30 de junio. Por su parte, Ábalos y García fueron citados para el lunes 23. El exministro de Transportes ya habría dejado trascender su intención de colaborar con la Justicia para aliviar su situación procesal.
La causa judicial, cada vez más extensa, compromete a figuras clave del PSOE y amenaza con alterar el equilibrio político de la legislatura. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez se mantiene en silencio y sin agenda pública.
“Pedro Sánchez continúa trabajando para mejorar la vida de los españoles”. Esa es la línea que repiten los voceros del oficialismo cuando la presión crece y los casos de corrupción rozan el corazón del poder. La frase busca transmitir normalidad, pero llega en el peor momento político para el líder del PSOE y presidente del Gobierno español. Como si se tratara de una novela negra, cada día aparecen nuevos elementos que complican su posición y comprometen a funcionarios de extrema confianza.
A las denuncias por adjudicaciones irregulares y enriquecimiento ilícito, se suman ahora sospechas aún más delicadas: el vínculo de algunos dirigentes socialistas con redes de prostitución, facilitado —según versiones judiciales— por su rol en la estructura del poder. Santos Cerdán, ex número tres del partido, fue expulsado del PSOE pero no del Ejecutivo.
Su reacción ante las acusaciones fue tan escueta como polémica: “Nadie aguanta un análisis de su vida privada”. Sánchez, por su parte, ha respondido con una estrategia de espejo: cada vez que la oposición lo confronta por los escándalos, replica con comparaciones del pasado. Pero puertas adentro, reconocen que la gestión está inmovilizada y que el único sostén real del gobierno es el equilibrio aritmético del Congreso.
