El 27 de junio de 2025, el ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, autorizó su ejecución, describiendo sus crímenes como “egoístas” y que causaron “gran conmoción y ansiedad en la sociedad”. La ejecución se realizó en secreto, sin previo aviso a la familia ni a los abogados del condenado, siguiendo el protocolo habitual en Japón.
El "asesino de Twitter" abrió el debate sobre la pena de muerte
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Este caso reavivó el debate sobre la pena de muerte en Japón. A pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos, una encuesta de 2024 indicó que el 83% de la población japonesa apoya la pena capital.
Sin embargo, la ejecución de Shiraishi también generó cuestionamientos sobre la transparencia del sistema judicial, especialmente tras la exoneración en 2024 de Iwao Hakamada, quien pasó más de 40 años en el corredor de la muerte debido a una confesión falsa.