El Gobierno neuquino presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia penitenciaria durante tres años, con opción a prórroga por idéntico período, y que tiene el propósito de ampliar la capacidad de alojamiento de los establecimientos carcelarios, informaron fuentes oficiales.
A través de un comunicado, desde el Gobierno provincial precisaron que la iniciativa que ingresó a la Legislatura neuquina "no sólo responde a las urgencias edilicias, sino también a los aspectos organizativos, funcionales, operativos, preventivos, asistenciales, de personal y de servicios en los establecimientos carcelarios y dependencias destinadas al alojamiento, custodia y guarda de personas encausadas, procesadas o condenadas".
El proyecto propone "optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en el Cuerpo Penitenciario de la Policía de Neuquén, así como también el fortalecimiento de todas las medidas de seguridad".
Según indicaron, también autoriza al Ministerio de Seguridad, que es la autoridad de aplicación, a adquirir a través de la contratación directa -de acuerdo a la ley 2141 de Administración Financiera y Control-, los bienes, servicios e insumos necesarios para afrontar la emergencia, "con independencia del monto e informe fundado".
Del mismo modo, faculta a la cartera a efectuar las contrataciones directas de obras destinadas a penitenciarías u otras dependencias.
También autoriza al Ejecutivo provincial a realizar "operaciones de crédito público por un monto total de hasta 50.000.000 de dólares estadounidenses o su equivalente en pesos u otras monedas, para ser aplicados a la atención de la emergencia penitenciaria".
En los argumentos, se expuso que en los últimos años la provincia del Neuquén exhibe estadísticas "alarmantes" en materia penitenciaria.
La capacidad total real de plazas actualmente es de 443 habilitadas en las distintas unidades tanto del área capital e interior.
El número de internos excede ampliamente la capacidad de las instalaciones: en total, hay 540 internos condenados alojados en las unidades de la capital provincial y 90 alojados en las comisarías del área capital, de los cuales 63 son procesados y 27 condenados.
En las comisarías del interior de la provincia, sucede algo similar, con un total de 52 internos alojados, de los cuales 24 están procesados y 28 están condenados, por lo que se explicó que estas cifras hacen que sea imprescindible ampliar la capacidad de alojamiento.
"También existe un habeas corpus, a partir del cual la Justicia neuquina ordenó el cese de ingresos de internos a las unidades carcelarias, y le dio plazo al Ejecutivo para tomar medidas que ayuden a aliviar la crisis de sobrepoblación carcelaria", explicaron en el comunicado.
Del mismo modo, "se ha dispuesto la realización de todas las reformas necesarias para garantizar las condiciones de vida y salubridad adecuadas", sostuvieron desde el Gobierno provincial.
"En la actualidad, el sistema se encuentra en un momento crítico en el que resulta imperativo tomar medidas decisivas para abordar esta situación. Durante años, este problema ha permanecido oculto detrás de soluciones temporales y precarias, lo que ha generado una sensación generalizada de inseguridad en nuestra sociedad", expuso el Ejecutivo.
Por último, argumentaron que "en lugar de ser espacios seguros para los ciudadanos, las comisarías se han convertido en lugares de refugio para los internos, desviándose de su verdadero propósito como garantes de la seguridad pública, sumado a que no están diseñadas para el alojamiento permanente de personas privadas de la libertad".