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Opinión | Pibes en conflicto con la ley, abandonados a su suerte y víctimas de un garantismo hipócrita

la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pudo parecer un avance en la teoría, pero en la práctica ató de manos aún más al Estado.
Miguel Saredi (*)
por Miguel Saredi (*) |
Menores en conflicto con la ley.

Menores en conflicto con la ley.

Vemos permanentemente por televisión detenciones de chicos y adolescentes que registran antecedentes con numerosas entradas a comisarías por robo a supermercados, comercios, y personas.

Una historia marcada por las adicciones, la violencia y la desidia del Estado, que se repite día a día en todo el conurbano bonaerense y deja a estos pibes, en conflicto con la ley, abandonados a su suerte y como víctimas de un garantismo bobo que nada hace.

Se trata de una problemática que requiere de una respuesta urgente del Estado, de la sociedad y de la política y que nos interpela a dar una discusión profunda acerca de las herramientas legales que tenemos a disposición para abordar el problema. En este contexto, derogar la Ley de Patronato en 2005 y reemplazarla por la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pudo parecer un avance en la teoría, pero en la práctica ató de manos aún más al Estado.

El 80 por ciento de los adolescentes en conflicto con la ley consumen drogas y bajo sus efectos cometen delitos violentos que terminan con la muerte de terceros o de ellos mismos. Estos pibes salen de círculos familiares violentos, plagados de droga, violencia y delito.

El Estado no los asiste por falta de presupuesto, los servicios de Minoridad en provincia de Buenos Aires están destruidos, no existe suficiente cantidad de plazas en comunidades terapéuticas cerradas para ayudar a esta población ni servicios de salud de atención psiquiátrica que puedan abordar esta problemática tan compleja.

Desde el Congreso, los legisladores se repiten a ellos mismos y a nosotros que estos pibes son “sujetos de derecho” y se niegan a discutir el tema en profundidad y buscar otra solución. Repetir ese discurso puede ser muy lindo para dormir tranquilos, pero saben perfectamente que no tienen nada: no tienen ningún derecho garantizado; y por una justicia garantista ponen en jaque los derechos de los demás.

La ley de Patronato establecía que si un niño o adolescente estaba en situación de desamparo o riesgo quedaban bajo la tutela de un juez de Familia que era el encargado de velar por su protección integral. En muchos casos eran institucionalizados o derivados a institutos de menores; en otros si los padres o madres tenían problemas de adicción o conflictos con la ley, eran dados en adopción.

Más allá de que todos sabíamos los defectos y muchos vicios de los institutos de menores, por lo menos había algún tipo de contención para miles de chicos. La Ley de Patronato era vetusta y antigua, pero posibilitaba un Estado presente.

Con la nueva ley se privilegia sostener el vínculo sanguíneo con las familias y el círculo de violencia, abandono y drogas que éstas representan. A su vez, desde los gobiernos no destinan los recursos necesarios para la correcta implementación de la norma.

Hoy los niños y adolescentes pasan del circuito asistencial por problemas graves de pobreza o abandono al circuito penal. Lamentablemente, no hay otro destino. Para cambiar esto, necesitamos de un Estado que se haga cargo de esta realidad, que destine los recursos necesarios a las áreas de Minoridad, que se pongan en práctica políticas reales e integrales de abordaje de adicciones y que se implemente la ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Dejemos de ser hipócritas y actuemos de frente a este problema. La sociedad lo reclama.

*Dirigente bonaerense, candidato a diputado por el Partido Federal y especialista en Minoridad.