Tras conocerse que los 10 imputados por la causa de múltiples amenazas de muerte contra el ministro de Economía, Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini, en 2020, se reconocieron culpables, el juzgado federal 2 de San Isidro suspendió el proceso de prueba.
Sentencia
Amenazas a Sergio Massa y su familia: condenaron a los 10 imputados a tareas comunitarias
Los sospechosos se declararon culpables por haber difundido los números de teléfono del ministro de Economía y su esposa, Malena Galmarini.
Sergio Massa y Malena Galmarini habían sido amenazados en septiembre de 2020. (Foto: Archivo)
Luego de que los acusados difundieran los números de teléfono del ministro y su esposa en las redes sociales, el tribunal resolvió una pena que incluye entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.
El fallo, emitido por el tribunal en abril e informado hoy desde el entorno del ministro de Economía a través de un comunicado, también dispuso que los imputados deberán realizar donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos", por montos que varían entre $20.000 y $200.000.
Esta es una causa impulsada por una denuncia realizada por el Ministro de Economía, que por entonces era el presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron él y su familia en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos, así lo informó hoy el comunicado.
Esta es una causa impulsada por una denuncia realizada por el Ministro de Economía, que por entonces era el presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron él y su familia en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos, así lo informó hoy el comunicado.
Los diez imputados deberán entregar sus celulares
Los diez identificaron por la justicia son: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina, sostuvo el informe.
A su vez la pena incluye que deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales y de las donaciones que contemplan diferentes valores.
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