Sin una nueva Ley Orgánica que modifique la composición del Consejo de la Magistratura, la única salida para que ese Cuerpo continúe funcionando a partir del 16 de abril, sería que se complete la selección de representantes hasta llegar a los 20 necesarios que exige el fallo de la Corte Suprema. Antes de esa fecha necesitan nombrar una jueza, dos abogadas, un senador/a, un diputado/a, y un académico del derecho con reconocida trayectoria.
Es que a pesar de la apuesta de los miembros del Consejo para que el Congreso dicte una norma que los salve en esta carrera, recién la semana pasada comenzó a debatirse el tema en el Senado. El oficialismo logró obtener un dictamen de mayoría respaldando la propuesta del gobierno, pero no existen garantías de lograr su aprobación en las dos Cámaras.
Contrarreloj, en los próximos días los jueces y los abogados votaran por su delegados. Los académicos recién realizarán sus comicios el 18 de abril, 3 días después del límite. Pero la situación se traba otra vez en el Poder Legislativo, que hasta ahora no definió cómo elegir a sus representantes.
Recordemos que el apremio se inició el 16 de diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. A la vez, dispuso elevar de 13 a 20 la cantidad de integrantes para recomponer el equilibrio entre los sectores representados, advirtiendo que superado los 120 días todos los actos dictados serían nulos. Para evitarlo el Parlamento debería dictar una nueva Ley Orgánica para el Consejo.
El eje de la discusión de una nueva Ley Orgánica para el Consejo de la Magistratura es si la Corte Suprema debe o no formar parte. El proyecto del oficialismo que fue respaldado en comisión con un dictamen de mayoría, incrementa el número de representantes de 13 a 17, incorporando perspectiva de género y sumando 2 abogados, un juez y un miembro del ámbito académico, pero deja afuera al Máximo Tribunal.
En rigor, durante el debate del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, fue el propio ministro de Justicia, Martín Soria, el encargado de esclarecer el punto de vista del gobierno: “El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”.
Por su parte, los senadores de la oposición firmaron otros dos dictámenes en minoría. El primero es un proyecto unificado de los legisladores de Juntos por el Cambio que promueve un Consejo con 20 miembros presidido por el titular de la Corte. El otro dictamen de minoria lo firmó el senador por Rio Negro, Alberto Weretilneck, que propone federalizar el Organismo con una representación regionalizada. Con este proyecto tiene una llave de negociación clave con el Frente de Todos, que necesitaría de su apoyo para conseguir los 37 votos que permitirían dar media sanción a su iniciativa en la sesión del próximo miércoles o jueves.
El oficialismo tiene 35 manos propias, y necesita que se levanten dos más a favor de su propuesta, lo que dependerá no solo del acompañamiento de Weretilneck, también se jugarán sus alianzas con las senadoras provinciales Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (La Rioja).
Si el proyecto del gobierno supera la prueba de la Cámara alta, deberá seguir recorrido en Diputados, donde tiene el viento totalmente en contra y algunos anticipan que “no pasará”.
Desde que a fines del 2021 la Corte falló sobre la inconstitucionalidad de la composición del actual Consejo de la Magistratura y ordenó ampliarlo de 13 a 20, en el organismo habilitaron la feria de enero y comenzaron a convocar a todos los sectores para que alisten la elección de delegados.
La discusión fue tediosa, pero finalmente resolvieron dar prioridad a la perspectiva de género y la mayoría de los estamentos accedió a respetar los plazos impuestos por el Máximo Tribunal.
En definitiva, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) definieron sus comicios para el 5 de abril. Otra elección encaminada es la de la futura consejera por el estamento de los jueces, que está fijada para el 7 de abril. Los académicos de las universidades públicas de todo el país votarán el 18 de abril, que sería el lunes siguiente al límite del 15 de abril, que cae en día viernes.
En cuanto a los delegados del Congreso, aún no hubo novedades. Además, resta que se pongan de acuerdo acerca de a qué se refiere la ley cuando pide la representación del primero, segundo y tercer bloque en Diputados y Senadores, donde hoy funcionan como interbloques.
El Consejo de la Magistratura tiene bajo su órbita la responsabilidad de seleccionar las ternas de postulantes a jueces, ejerce facultades disciplinarias para sancionar o remover magistrados, administra y ejecuta los recursos, y dicta los reglamentos relacionados con la organización del poder judicial.
Desde el 16 de abril comenzará a regir una nueva composición, que según el fallo de la Corte estará determinada por una readecuación ampliando el número de integrantes, o por la aplicación de una nueva Ley Orgánica. Pero si como se ve venir, no logran completar el nombramiento de los nuevos delegados, o no hay Ley, todos los actos del Consejo quedarán nulos.
Con ese riesgo tan cerca, el Cuerpo actual trabaja en dejar ajustado todo lo necesario para garantizar el pago de salarios y servicios. Incluso fuentes judiciales señalaron a A24.com que cuando la Corte tome su lugar en la presidencia del organismo podría flexibilizar algunas exigencias administrativas temporalmente.
No obstante, queda un dilema sin responder. ¿Podría identificarse a algún sector del poder que pudiera estar evaluando como una ventaja “el peor escenario”, aquel que dejaría al Consejo de la Magistratura paralizado en una especie de “limbo”?