La Justicia investiga el envío de armas a Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri. Foto: Archivo.
Los magistrados que recibieron las denuncias sobre el presunto contrabando agravado de material bélico a Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri coincidieron en que los expedientes deben acumularse en uno solo, pero como si se tratara del antiguo juego de la papa caliente, los tres rechazaron su competencia enviando las actuaciones a otro juzgado. Ahora la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver quién se queda con el caso.
Mientras tanto, el fiscal nacional Claudio Navas Rial sigue trabajando en el análisis de la prueba que presentó el gobierno nacional, a la que se sumará una nueva ampliación de la denuncia, que según pudo saber A24.com, involucraría a otros ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Fueron tres las denuncias que dieron inicio a esta investigación, y que por sorteo recayeron en tres juzgados diferentes del fuero penal económico: el juez Alejandro Catania recibió la denuncia de Eduardo Freiler; el juez Javier López Biscayart quedó a cargo de la que presentó el gobierno nacional; en tanto que la pesquisa elaborada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) fue a manos del juez Rafael Caputo.
Como en todos estos expedientes se analiza el mismo objeto procesal, los tres magistrados consideraron que debían acumularlos en una única causa para evitar un procesamiento múltiple. No obstante, también coincidieron en derivarlo a otro tribunal.
Primero el juez Caputo decidió declinar su competencia y remitir las actuaciones a López Biscayart. Luego López Biscayart las envió a Catania argumentando que su juzgado fue el primero de los asignados. Finalmente, Catania también rechazó hacerse cargo y devolvió los legajos a López Biscayart destacando su “sobresaliente actuación”.
Como sea, si López Biscayart mantiene su postura, deberá intervenir la Cámara en lo Penal Económico para definir quien continúa a cargo.
Más allá de las idas y vueltas entre los jueces, el Ministerio Público Fiscal (MPF) sigue analizando el caso. El fiscal Navas Rial tiene delegados dos de los expedientes, y además es uno de los titulares de la UFIARM junto con Gabriel González Da Silva.
A24.com averiguó que aún resta revisar mucha documentación aportada por el Poder Ejecutivo a través de la revisión de archivos e investigaciones internas en los ministerios de Seguridad, de Defensa y de Justicia.
Por otra parte, están esperando que la justicia boliviana remita la documentación solicitada a ese país vía cancillería.
La justicia argentina investiga el presunto envío de material armamentístico antidisturbios a Bolivia a través de un avión Hércules C-130 el 13 de noviembre de 2019. En ese vuelo viajó un grupo de élite de Gendarmería para proteger a la embajada argentina en medio de las protestas por la crisis política.
Los investigadores quieren saber si las armas fueron trasladadas a la sede diplomática en La Paz o se desviaron para que sean utilizadas en la represión del pueblo boliviano.
A un mes de iniciada la causa en Buenos Aires, el ministerio de Justicia prepara una nueva presentación que complicaría a más funcionarios del gobierno macrista. Hasta el momento hay 8 imputados: el ex-presidente Mauricio Macri, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su ministro de Defensa, Oscar Aguad, el exembajador en Bolivia, Normando Álvarez García, el ex-director general de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, el comandante Adolfo Caliba, encargado de recepcionar la llegada de Gendarmería a La Paz, el director de Logística de esa fuerza, Rubén Yavorski, el de Operaciones, Carlos Recalde.
Con la documentación que está preparando Martín Soria, el gobierno confía que podrá demostrar que el ex-jefe de gabinete Marcos Peña, junto con el ex-canciller Jorge Faurie y los ex-jefes de la Prefectura Naval, Eduardo Scarzello; de Gendarmería, Gerardo Otero; y Néstor Roncaglia, de la Policía Federal, se reunieron un día antes de la partida del Hércules C-130 para supuestamente evaluar qué fuerza podía colaborar con municiones para Bolivia.
