También consideraron que el aviso de la policía a la Justicia fue tardío, ya que solo lo hicieron después de llevar a Rigau a la comisaría y de incautar su celular, las 48 tarjetas pertenecientes a empleados de la Legislatura Bonaerense, y un poco más de 1 millón de pesos en efectivo.
Además, la fiscalía tiene la intención de interrogar a los empleados de la Legislatura Bonaerense que eran titulares de las tarjetas en posesión de Rigau.
La fiscalía busca determinar sus lugares de trabajo, quiénes eran sus supervisores, cuál era su régimen laboral, y sus horarios de trabajo, ya que sospecha que podrían haber sido empleados "ñoquis" registrados como trabajadores, pero sin desempeñar ninguna labor real.
Estos individuos podrían haber estado cobrando parte de su salario o que alguien más lo hiciera en su nombre. La fiscal también ha solicitado los contratos de cada uno de estos empleados y el expediente de Rigau para continuar investigando el caso.
Con información de Noticias Argentinas