El decreto que firmó Alberto Fernández para relevar de la obligación de guardar secreto sobre temas de inteligencia
Mientras tanto, en el Boletín Oficial ya está publicado el Decreto 750/2021 que releva a Macri de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, prevista en la Ley de Inteligencia.
La decisión lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Justicia, Martín Soria. En sus considerandos, describe que el juez Bava realizó el requerimiento “atento lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en el marco de la audiencia indagatoria del nombrado, la que debió suspenderse durante el curso de la misma con el fin de evitar futuros planteos nulificantes”. Inmediatamente el juez Bava lo citó para el próximo 3 de Noviembre a las 12 del mediodía.
"Fue un papelón", dijo Macri
Mauricio Macri describió a sus allegados que lo que sucedió en el juzgado federal de Dolores “fue un papelón”. Primero el corte de energía que demoró el inicio del acto judicial, y luego el error de procedimiento del juez Bava.
Cuando comenzó la audiencia, le leyeron las imputaciones, y a continuación describieron la nota de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Graciela Caamaño que detallaba que era necesario el relevamiento de confidencialidad “que en virtud del rol que le cupo al imputado como Presidente de la República Argentina, la actual interventora no se encuentra facultada para relevarlo del deber de guardar secreto, atento al cargo que ocupó el imputado”.
En el acta de la indagatoria, el juzgado destacó que los abogados de Macri ya conocían esa información con esta frase: “Lo cual se puso en su conocimiento en forma previa a esta audiencia”.
Qué dijo el abogado defensor de Mauricio Macri
Por su parte, Lanusse contó que cuando preguntó si se le había pedido al presidente Fernández el levantamiento del secreto, el juez respondió que no, por lo que le reprochó que si la nota decía que lo otorgaba el presidente, la lógica era que se lo pidieran a Alberto Fernández. Fue en ese marco que le reclamó también que la próxima cita fuera digital.
Como sea, la indagatoria se frustró sin saltear el escándalo, debido a que nunca habían solicitado el relevamiento de confidencialidad correspondiente de la que se valió Macri para pedir la suspensión, y finalmente la solicitud salió del Juzgado de Dolores rumbo a la Casa de Gobierno, después de la audiencia. Se resolvió en tiempo record, y ninguno de los protagonistas de este caso descartan que la semana próxima se retome la indagatoria. No obstante, estará pendiente que se resuelva el planteo de recusación.
Tantos tropiezos suman incertidumbre a los familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, que como querellantes en este expediente imaginan que si Macri solicitó que levanten el secreto de inteligencia, es porque hubo operaciones de espionaje.
Lo cierto es que antes de que se interrumpiera la audiencia, el juez Bava ya le había hecho saber a Macri que lo citó porque tiene elementos para sospechar que transgredió la Ley de Inteligencia (ley 25.520) al supuestamente ordenar la recolección, sistematización y análisis de información, ejecutadas por agentes de base de la AFI, sin ninguna orden judicial. Esas acciones supuestamente buscaban influir en la situación política e institucional del país.
El fiscal, Juan Pablo Curi, sumó una solicitud al juez para obtener más medidas de prueba porque detectó algunas contradicciones entre las declaraciones de los espías procesados. Requirió informes de la Casa Militar y de la AFI sobre las normas que regulan la denominada avanzada presidencial, que se ocupa de garantizar la seguridad del primer mandatario.