Alberto Fernández firmó el decreto para relevar del secreto de inteligencia a Mauricio Macri.
El presidente Alberto Fernández firmó esta tarde el decreto mediante el cual autoriza el relevamiento del secreto de inteligencia a Mauricio Macri, necesario para que el expresidente pueda declarar como imputado en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
De esta manera, Fernández hizo lugar al requerimiento del juez Martín Bava luego de que la declaración indagatoria estipulada para este mediodía tuvo que suspenderse hasta una nueva convocatoria por no tener la autorización para apartar a Macri del deber de confidencialidad.
"Atento a lo solicitado por la defensa del imputado Mauricio Macri y por el fiscal federal en el marco de la audiencia indagatoria del nombrado, la que debió suspenderse durante el curso de la misma a fin de no afectar el derecho de defensa y evitar futuras nulificantes, requiérase al Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que de ser necesario releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520″, solicitó el juez.
Al salir de la audiencia, el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, declaró que "hemos asistido a un acto absolutamente bochornoso, porque ha quedado en evidencia que el juez Bava, en su animadversión contra Macri, y su pretensión de querer procesarlo antes de las elecciones, no cuenta con el relevamiento del secreto de Inteligencia para que Macri pueda declarar.
La firma del decreto se concretó previo al viaje que hará el jefe de Estado esta noche a Italia para participar de la Cumbre de Líderes del G-20. Allí también tendrá una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, por la negociación de la deuda con el organismo.
Según la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, "los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo anterior deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad".
En el artículo 16 de dicha ley se indica que "las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación".
También se aclara que la obligación de guardar secreto subsistirá aunque el funcionario haya cesado en sus funciones como es el caso del exmandatario.
