De acuerdo a la denuncia, la tarea en este caso consistía en "ejecutar las órdenes del director general; controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores; comunicar las promesas engañosas y cobrar los aranceles; controlar la quita de medicación que pudieran tener las víctimas al ingresar; persuadir a las familias para evitar que soliciten su externación; evitar que las víctimas comunicaran a sus familias las condiciones de su servidumbre y trabajo forzoso, capturar nuevamente a las víctimas en el caso de huida; hacer que algunas víctimas ingieran medicamentos sin prescripción médica y en secreto mezclándolos con sus bebidas, ejercer violencia física, psicológica y simbólica sobre las mismas y ejecutar los castigos impuestos a ellas".
En cuanto a la administración, era supuestamente ejercida por Rosana Elizabeth Gómez y Rubén Ernesto Durán, y consistía "en realizar los cobros mensuales de las familias; acatar las directivas de los directores y el director general; gestionar y recibir el dinero que las familias enviaban para insumos y provisiones para las víctimas para luego desviarlo al acopio de la organización".
En tanto, quienes desempeñaban la tarea de operadores-coordinadores eran Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón.
Ellos, se afirma en la denuncia, "ejecutaban las disposiciones de los directores; se aseguraban la presencia de uno de ellos todos los días a toda hora para controlar las acciones de las víctimas; custodiaban el acopio de medicamentos; controlaban las visitas, comunicaciones y llamados de las víctimas con sus familias; ejecutaban y controlaban los castigos; informaban a los directores las manifestaciones negativas de las víctimas sobre la servidumbre para luego reprimirlos públicamente o castigarlos; controlaban la ejecución de los trabajos forzosos y las condiciones de servidumbre de las víctimas".
La cobertura policial, en tanto, habría sido ejercida por Tatiana Lorena Lanza, "quien se valía de su condición de personal policial de la provincia de Buenos Aires del partido de Florencia Varela, para imponer temor y violencia psicológica sobre las víctimas y evitar que intenten huir o resistirse a la servidumbre y los trabajos forzosos".
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Marcelo "Teto" Medina fue detenido en una causa por asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral. (Foto: Télam)
El rol de sostener la promesa falsa de tratamiento psicológico habría sido llevado adelante por Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli, quienes "ejercían actos propios de la profesión de licenciadas en psicología sin poseer el título ni la autorización correspondiente para perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas".
Por último, el rol de captación de víctimas era supuestamente llevado a cabo por Sonia Elizabeth Córdoba, "quien contactaba posibles víctimas por distintos medios".
Qué rol cumplía “Teto” Medina en la causa La Razón de Vivir
La tarea de cobertura mediática y en redes sociales que era ejercida por el excoequiper de Marcelo Tinelli, "el cual era la cara visible y pública de la asociación junto a Néstor Zelaya, simulando que la misma tenía una actividad lícita para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo, además de valerse de las redes sociales propias para captar más víctimas y proveer de material multimedia para las redes sociales de la asociación".
También acusan a “Teto” Medina de "mantener contacto semanal con las víctimas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre".