La Cámara de Apelación de San Isidro impuso una caución real de 40 millones de pesos a Nicolás Payarola, acusado en múltiples estafas y defraudaciones. El abogado, procesado también por haber perjudicado a Gonzalo Montiel, solo podrá mantener su libertad si deposita el dinero y cumple con la prohibición de salir del país.
La Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro resolvió que Nicolás Payarola deberá afrontar una caución real de 40 millones de pesos como condición para sostener su eximición de prisión en la causa que lo investiga por una serie de estafas y maniobras de defraudación.
El fallo revocó la medida de caución juratoria que se le había concedido anteriormente y estableció que el imputado solo podrá conservar la libertad si deposita el dinero fijado y cumple con la restricción de salida del país.
De acuerdo con la investigación, Payarola está involucrado en al menos siete episodios de estafa cometidos entre 2022 y 2025 en oficinas de Nordelta, en Tigre. También enfrenta cargos por defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta reiterada. Uno de los hechos denunciados por el fiscal Cosme Iribarren indica que el acusado se apropió de más de 11 millones de pesos de un cliente, sin cumplir con la obligación de velar por sus intereses patrimoniales.
Según la resolución, su modus operandi consistía en recibir dinero o bienes con el compromiso de destinarlos a trámites judiciales o negocios comerciales, pero en lugar de cumplir con ese fin, los habría desviado para su propio beneficio.
El fallo también menciona que Payarola arrastra otros dos expedientes penales. Uno tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39 por defraudación por administración infiel, en un expediente iniciado por Gonzalo Montiel, en el que ya fue procesado y embargado por 810 millones de pesos. El otro avanza en el Juzgado de Garantías 3 de San Isidro por estafa, defraudación y lavado de activos. Según la Cámara, la eventual unificación de estos procesos podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo.
El monto total de las sumas presuntamente apropiadas fue calculado por la Fiscalía en 63,6 millones de pesos y 64.200 dólares. Además, el perjuicio económico a las víctimas asciende a más de 13,2 millones de pesos, 27.500 euros y 608.000 dólares, conforme surge de los embargos y la documentación incorporada al expediente. Para los jueces, estas cifras refuerzan el riesgo de fuga, dado el poder económico que representa.
La Cámara destacó que la caución real funciona como una garantía procesal porque se genera un efecto disuasivo para evadir a la Justicia porque, de hacerlo, se pierde una suma considerable de dinero. En esa línea, sostuvo que la medida debe ser acorde con la capacidad económica del imputado, los antecedentes, la cantidad y gravedad de los hechos, y la existencia de otros procesos en curso.
La resolución fijó que la caución deberá ser depositada en el Banco Provincia a la orden del juzgado y que Payarola contará con cinco días para cumplir la obligación. Si no formaliza el acta correspondiente ni paga la suma estipulada, se le revocará la eximición de prisión y quedará detenido.
