El papá de Ángel negó que su hijo haya muerto por una neumonía: "No tenía ninguna..."

Frente a esos resultados, Luis López no dudó en asegurar que su hijo fue víctima de maltratos sistemáticos. Según su relato, Ángel habría sido sometido a castigos físicos severos y situaciones de extrema crueldad dentro del entorno donde residía. Entre las denuncias más estremecedoras, el padre señaló que el niño habría sido bañado con agua fría como forma de castigo y expuesto a agresiones que terminaron provocando su muerte.

“A mi hijo lo asesinaron”, sostuvo, descartando cualquier posibilidad de un cuadro clínico natural como causa principal del fallecimiento.

Por la causa permanecen detenidos desde el 12 de abril la madre biológica del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, ambos imputados por homicidio. La investigación avanzó inicialmente bajo la presunción de una muerte violenta, respaldada por las primeras pericias médicas y otros elementos de prueba incorporados por la fiscalía.

Sin embargo, la incorporación de nuevos estudios histopatológicos introdujo un giro inesperado. Estos análisis complementarios sugirieron que Ángel podría haber sufrido una neumonía que habría desencadenado una insuficiencia respiratoria severa, derivando en una falla cerebral hipóxica.

Este cambio en la interpretación médica generó un fuerte rechazo en la familia paterna, que considera inexplicable la modificación del criterio pericial. Para Luis López, la nueva hipótesis representa un intento deliberado de reducir responsabilidades penales y proteger a distintos actores involucrados en el seguimiento institucional del caso.

La tensión aumentó aún más cuando el padre confirmó que, junto a su abogado, presentó denuncias formales contra varias figuras del ámbito judicial y profesional. Entre los señalados aparecen el juez Pablo Pérez, la defensora Verónica Roldán, la psicóloga Jennifer Leiva y la asistente social Estela Bellido.

Según López, estos funcionarios habrían fallado en sus responsabilidades o incluso podrían estar participando de un presunto encubrimiento. “Quieren salvar a todos los responsables y proteger a quienes no actuaron cuando debían hacerlo”, denunció.

Las acusaciones incluyen presuntas omisiones en la protección del menor, negligencia institucional y falta de intervención oportuna frente a señales previas de violencia o vulnerabilidad. Para la familia, la actuación de estos organismos debe ser investigada con el mismo rigor que el delito principal.

En paralelo, existe una fuerte preocupación sobre la posible reclasificación judicial del caso. Los familiares temen que la causa pase de homicidio a una figura menos grave, como abandono de persona seguido de muerte, algo que consideran una grave injusticia.

Luis López fue categórico al afirmar que no permitirá que la muerte de su hijo quede minimizada, y aseguró que continuará exigiendo justicia “hasta las últimas consecuencias”.

Las declaraciones del padre también reflejaron un nivel de desesperación extrema ante lo que percibe como un sistema judicial que podría no responder adecuadamente. “Si la Justicia no actúa, voy a buscar justicia por mis propios medios”, expresó, en una frase que expone la dimensión emocional y social del conflicto.

Mientras tanto, la causa sigue sumando estudios periciales y análisis complementarios que podrían ser determinantes para definir el futuro procesal de los imputados y de otros posibles responsables indirectos.

Lorena Andrade, pareja actual de Luis López, también se sumó al reclamo y reafirmó que la familia no abandonará la lucha. Ambos insisten en que la sociedad debe mantenerse atenta y acompañar el caso para evitar que quede impune.

La muerte de Ángel López se transformó en un símbolo del reclamo por mayor protección infantil, transparencia judicial y responsabilidad institucional. El caso no solo enfrenta a una familia devastada con los presuntos responsables directos, sino también con un entramado más amplio de organismos que hoy están bajo sospecha.

En Comodoro Rivadavia, el nombre de Ángel se convirtió en bandera de pedidos de justicia, mientras crece la presión pública para que las autoridades esclarezcan con absoluta precisión qué ocurrió en sus últimos días.

La resolución final dependerá de la solidez de las nuevas pruebas científicas, de la interpretación judicial y del peso de las denuncias por encubrimiento. Pero para la familia, hay una convicción inalterable: Ángel fue víctima de violencia, y su muerte no puede ser explicada simplemente como una enfermedad.

Con el expediente aún abierto y nuevas pericias en curso, la sociedad observa expectante. El desenlace de esta causa podría marcar un precedente importante sobre cómo se investigan casos de violencia infantil y cómo responden las instituciones frente a señales de riesgo.

Por ahora, el pedido de justicia sigue resonando con fuerza en cada declaración de sus familiares, quienes aseguran que no descansarán hasta conocer toda la verdad. La muerte de Ángel Nicolás López continúa siendo una herida abierta que exige respuestas urgentes, contundentes y transparentes.