El pedido de la fiscalía para que la Justicia bloquee los sitios web
En el documento presentado ante el juez, los fiscales Matías Di Lello y Horacio Azzolin alegaron su petición de bloquear los tres sitios vinculados a la presunta estafa piramidal en criptomoneda.
“Frente a este panorama, con el fin de evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores (art. 183 C.P.P.), entendemos que el acceso a los sitios debe restringirse al público en general, al menos en nuestro país”, dice el escrito.
La investigación buscar determinar si se llevó a cabo una intermediación financiera no autorizada, lo que podría constituir un delito según el artículo 310 del Código Penal. También se está evaluando la posibilidad de que se haya incurrido en lavado de activos.
“La medida más efectiva sería, desde luego, intentar dar de baja el contenido en origen para lo cual, como anticipamos, debería requerirse cooperación mediante un pedido de asistencia internacional que, además de insumir una considerable cantidad de tiempo, puede no ser admitido", expresa el escrito presentado por la fiscalía.
Y continúa: "Mientras se transita el camino de determinar la infraestructura del sitio y, eventualmente, trabajar con quienes registraron los nombres de dominio o con quienes alojan el contenido, proponemos una medida que puede paliar la situación: el bloqueo del acceso a los sitios ya citados a través de proveedores de servicio de internet que operen en Argentina”.
Se suman nuevas investigaciones luego de que la plataforma bloqueara el retiro de dinero de sus inversores
Por otra parte, el fiscal Di Lello también convocó a la UFEIC del fiscal Alejandro Musso, con sede en San Isidro, un experto en la investigación de delitos con criptomonedas, para analizar la trazabilidad de la billetera de RainbowEX, el esquema promocionado, según informó Infobae.
Al mismo tiempo, la fiscal María del Valle Viviani comenzó a investigar el tema de oficio a partir de que un grupo de inversores presentara este jueves denuncias ante la Justicia provincial, alegando que no pudieron retirar sus ahorros del esquema financiero.
Los inversores aseguraron que sus fondos están bloqueados. En consecuencia, la magistrada busca esclarecer los hechos y evaluar si se trata de una estafa financiera. Este tipo de investigaciones de oficio se llevan a cabo cuando las autoridades judiciales consideran que hay indicios suficientes para iniciar un proceso sin necesidad de una denuncia formal previa.