Un georradar, la pieza clave para resolver la muerte de Diego Fernández y vincular o desvincular a Cristian Graf

“Por el tiempo transcurrido, la causa corre serio riesgo de prescripción. Y en este contexto, el papel del querellante es fundamental”, sostienen los letrados. El pedido de sobreseimiento intenta cerrar el caso por el paso del tiempo, sin una condena ni juicio oral, pero la querella busca reavivar la búsqueda de pruebas y testimonios que permitan esclarecer cómo, por qué y quién mató a Diego Fernández.

Uno de los puntos más impactantes del escrito de la querella es el pedido de realizar un nuevo relevamiento del jardín de la vivienda con un georradar, tecnología que usa Gendarmería Nacional para detectar restos enterrados sin necesidad de excavar de inmediato.

Los abogados sostienen que no se recuperaron todos los huesos del cuerpo de Diego. Según el informe del EAAF, se halló un “esqueleto casi completo”, lo que implica que hay piezas faltantes que podrían seguir ocultas en el terreno.

“Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que existen más restos óseos de Diego que a la fecha no se hayan encontrado en aquel desprendimiento de tierra sucedido el 20/05/2025; restos que aún puedan estar alojados en el jardín del inmueble ubicado en Av. Congreso 3742”, señala el escrito.

Este planteo busca determinar si el sitio del entierro fue alterado, ampliado o reutilizado en algún momento, o incluso si podrían existir otros elementos vinculados al crimen.

Las 10 medidas solicitadas por la familia Fernández

El escrito presentado por Wortman Jofre y Brady no solo pide el uso del georradar, sino que propone otras nueve medidas clave para avanzar en la causa:

• Rastrear el origen de la llamada al 911 que alertó sobre los restos óseos, mediante el número de IMEI del celular utilizado. La intención es identificar y tomar testimonio a quien dio aviso, resguardando su identidad.

• Entrevistar a los vecinos del barrio, para reconstruir qué saben o recuerdan sobre la familia Graf y sobre la vivienda donde apareció el cuerpo.

• Realizar un informe socioambiental de todos los miembros de la familia Graf que vivan o hayan vivido en la propiedad de Avenida Congreso 3742.

• Determinar la situación civil actual de Cristian Graf (si está separado legalmente de su primera esposa, con quien tuvo tres hijos), ya que esto podría incidir en si su ex cónyuge puede declarar como testigo o no.

• Analizar los postes y el alambrado que formaban la medianera de la casa, para determinar cuándo fueron colocados y si eso ocurrió después de la desaparición de Diego.

• Solicitar a los canales de televisión copias de programas de los años 1983 y 1984, en especial del popular ciclo “Si lo sabe, cante”, ya que un testigo dijo que el curso al que asistían Graf y Fernández participó allí.

• Pedir al Gobierno de la Ciudad información sobre la propiedad vecina de Congreso 3746/48, donde hoy hay una obra en construcción, para saber si en los años ochenta funcionó algún comercio.

• Reiterar el pedido de copias de los planos completos de la propiedad de Congreso 3742 y solicitar imágenes satelitales históricas del lugar.

• Solicitar el catastro completo de toda la manzana, con sus respectivas titularidades a lo largo del tiempo.

• (La primera medida mencionada anteriormente) Realizar un estudio con georradar en el jardín de la casa de los Graf.

Cada una de estas diligencias busca reconstruir el entorno social, familiar y físico en el que se produjo la desaparición y el asesinato de Diego Fernández, así como recabar nuevas pistas materiales.

Mientras la querella impulsa estas medidas, la defensa de Cristian Graf presentó un pedido de sobreseimiento argumentando que el caso ya prescribió. Alegan que, tras más de 40 años sin avances judiciales, no corresponde continuar una investigación penal.

Sin embargo, la querella sostiene que el delito de homicidio agravado es imprescriptible cuando concurren circunstancias excepcionales, como el ocultamiento del cuerpo durante décadas, y que el hallazgo reciente habilita un nuevo punto de partida para el proceso.

“El paso del tiempo no puede ser utilizado como herramienta de impunidad en un crimen tan aberrante”, enfatizó una fuente cercana a la familia Fernández.

El asesinato de Diego Fernández sigue envuelto en incógnitas. No hay testigos directos, no se conoce el móvil del crimen ni se ha determinado con exactitud la fecha de su muerte. Lo único cierto es que desapareció en 1984 y fue encontrado en 2025, enterrado en la propiedad de un excompañero de escuela con el que, según testimonios, ni siquiera era amigo.

La querella espera que las medidas solicitadas permitan hallar nuevos indicios materiales o testimoniales que expliquen cómo llegó el cuerpo allí, quién lo mató y si hubo otras personas involucradas en el encubrimiento.

Para la familia Fernández, este caso no es solo una tragedia íntima sino también un fracaso institucional. Durante décadas, la desaparición de Diego no fue investigada en profundidad ni tuvo cobertura judicial adecuada. Recién ahora, por un hallazgo casual, se activó el sistema judicial.

Por eso, el hermano de la víctima insiste en que el Estado tiene una deuda con Diego y con su familia: esclarecer su muerte y garantizar que haya justicia.

El paso del tiempo juega en contra. Cada día que pasa aumenta el riesgo de que el caso quede impune por prescripción. Si eso ocurre, Cristian Graf no podría ser juzgado, aunque aparecieran nuevas pruebas en su contra.

La presentación de estas diez medidas representa, para la familia Fernández, una última oportunidad para que la Justicia esclarezca el asesinato y no lo deje en el olvido.