Compras del Estado en la mira: los cuestionamientos y críticas al sistema usado en la pandemia

A24.com consultó a la Oficina Nacional de Contrataciones el por qué de esta decisión administrativa de habilitar las compras por vía de expediente.

"Frente a las dimensiones de la emergencia no resulta factible que los organismos contratantes sólo puedan efectuar sus contrataciones por un único medio que puede llegar a tener inconvenientes técnicos o que por otras causas se produzca una imposibilidad material de utilizarlo", respondió el organismo a través de un documento.

Si se escanean todos los datos disponibles de las compras muy pocas fueron hechas por fuera del sistema Compr.AR. Sin embargo, según un monitoreo que realizó la organización Poder Ciudadano, entre el 20 y 30% de lo que se compró fue efectivamente publicado de forma abierta a través del Boletín Oficial.

¿Cómo lo saben? Cuando empezó esta nueva modalidad se estableció que cada compra de emergencia tendría un número consecutivo que comenzaría con el 1. Según observó Poder Ciudadano, los números de expediente publicado no siempre lo son. Por lo tanto, pueden advertirse faltantes.

Pero además, la información está diseminada en distintas páginas web, en vez de estar centralizada, lo que hace virtualmente imposible lograr un seguimiento riguroso.

Al respecto, Germán Emanuele, Director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Poder Ciudadano, advirtió que este mecanismo de excepcionalidad pierde sentido a medida que corren los meses.

“Una cosa es lo que sucedió en marzo que tuviste que salir de un día para otro a comprar cosas. Entonces necesitabas un proceso ágil y rápido para poder satisfacer determinadas necesidades. Pero, por ejemplo, ya en abril ya se sabía que el alcohol en gel iba a ser necesario en todas las dependencias estatales durante varios meses. Si vos hacés una programación de compras necesarias tenés que ir abandonando de a poco el sistema excepcional y volver al normal", señaló Emanuele.

Por otro lado, hubo compras que se realizaron en calidad de emergencia y que están lejos de serlo. Por ejemplo, la Universidad de La Matanza compró 1600 licencias de antivirus por casi $1,5 millones a GreenSoft SRL. Lo hizo bajo el expediente de emergencia "COVID-19 N°22".

El Estado Mayor General del Ejército también hizo compras que incluyeron pinceles, pintura, lámparas -entre otros artículos de ferretería-, vajilla y vasos descartables hasta la puesta a punto de tres camionetas. Todo esto bajo el protocolo de emergencia.

Ante varias de estas irregularidades que salieron a la luz gracias a investigaciones periodísticas o denuncias de dirigentes opositores, la AGN buscó auditar las compras realizadas en emergencia casi en tiempo real. Pero el oficialismo ganó la pulseada en el interior de la Auditoría y dejó esta tarea para el año próximo, aduciendo que este organismo solo puede auditar los ejercicios vencidos.

Por ejemplo, trece compras del Ministerio de Desarrollo Social superaron los precios testigo indicados por SIGEN. De haber seguido los precios de la Sindicatura, el Estado hubiera ahorrado $60 millones. Finalmente la licitación se dio de baja pero retrasó todo el proceso de compra.

Las compras, realizadas en los últimos días de marzo y los primeros de abril, estaban abocadas a la adquisición de azúcar, lentejas, fideos, aceite y arroz. El objetivo de estas compras era abastecer de manera inmediata las urgencias producidas a fin de evitar impactos más graves para la población de alta vulnerabilidad en razón del brote del nuevo coronavirus como una pandemia, según figura en los documentos de la compra.

"No hay rendición de cuentas. El jefe de Gabinete fue solo dos veces al Congreso. Hay decenas de decretos de DNU en ejercicio de unas facultades recargadas y relegadas por el Congreso al Ejecutivo. Hubo compras irregulares que fueron denunciadas públicamente. Ese es el escenario que hoy tenemos y esa es la razón por la cual impulsamos la actuación de la AGN", sintetizó a A24.com Jesús Rodríguez, radical que preside ese organismo.

Rodríguez asegura que la AGN cuenta con todas las facultades y el personal para poder llevar adelante esta tarea pero que hubo una "decisión partidaria" de no permitir su trabajo.

En cambio, se instaló una unidad auditora dentro de cada organismo del Estado que realice compras y que luego será revisada. Al mismo tiempo, es el rol de la SIGEN hacer un seguimiento de todos estos procesos.

La SIGEN es una auditoria interna dentro del propio Ejecutivo; la AGN sería la auditoria externa.

Un sistema históricamente ineficiente

La lógica indica que cuando cualquier empresa o persona realiza una compra mayorista el precio final de la mercadería debería ser menor que si se compra individualmente. Este no siempre es el caso con las compras que hace el Estado. Más allá de hechos de corrupción que pueden subyacer detrás de algunas contrataciones muchas veces solo se trata de un sistema ineficiente que deja fuera de juego a pequeñas empresas más transparentes por no poder cumplir con la burocracia estatal.

“Muchas de las situaciones en donde sospecha el pago de sobreprecios simplemente es el Estado que pagan mal la compra. Le exigís a determinadas empresas algunos productos de un día para el otro, pero le decís que le vas a pagar a 90 días. Entonces esa empresa, que asume ese costo, te cobra lo que va a salir ese producto en 90 días", explica Emanuele.

Este mismo problema acarrea otros. En primer lugar, deja fuera de juego a muchas empresas más pequeñas que necesitan un pago rápido para no descapitalizarse y seguir produciendo. No pueden esperar 90 días. Al mismo tiempo, otras empresas con más capacidad le compran a las pymes o cooperativas los mismo productos que luego revenden al Estado con sobreprecios.

El Estado, si ve que lo que pide no se ajusta a los precios de referencia de los organismos que auditan estas compras, puede pedir mejorar la oferta o incluso declarar desierta la licitación.

Sin embargo, en un contexto de emergencia o de mala planificación, ese camino puede acarrear demoras posteriores como ocurrió con el pago de sobreprecios que hizo Desarrollo Social con la comida destinada a los comedores.

“Muchas veces este pago de sobreprecios tiene que ver con esa operatoria propia del mercado y del Estado ineficiente que se pone a comprar en estos contextos de emergencia. Estos problemas los venimos arrastrando hace 40 años y ahora se profundizan en este contexto", cerró Emanuele.